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El humorista Fabrizio Copano, que vive y trabaja en Estados Unidos, tuvo esta semana un impasse durante su show, porque a un grupo de trumpistas MAGA no le gustaron sus chistes.

Amenazaron con denunciarlo a ICE.

No es el único. Y es que la temida policía migratoria del gobierno de Donald Trump se ha hecho tristemente conocida por su crueldad y por su falta de respeto a las normas básicas del derecho y de la dignidad humana. A rostro cubierto, en autos sin patente, han tomado presos hasta a niños. Así, han sembrado el pánico entre los migrantes, mientras la base MAGA aplaude (y amenaza).

En Chile, el gobierno del Presidente Kast ganó con la promesa de mano muy dura contra la migración, y con una clara identificación con los durísimos Orbán, Bukele y Trump (artífice de ICE). Admiración declarada en múltiples ocasiones y materializada en muchos gestos, como ir a verlos a sus países incluso antes de asumir.

Y aunque el gobierno actual ha dicho que no harán ni lo de Bukele ni lo de ICE, hay que tener cuidado con empezar a establecer normas que habiliten climas políticos y sociales que potencien, aún más, la ola antiinmigrante que hay en tantas partes del mundo, y también aquí: el 88% piensa que el conflicto entre los chilenos y los inmigrantes es fuerte, según la última encuesta CEP. Eso es pasto seco para la crueldad y la deshumanización.

Por eso hay que leer con alarma la propuesta del gobierno conocida esta semana, que busca obligar a todo órgano de la administración del Estado, previsional, de salud y de educación, a entregar a la autoridad migratoria los datos de los extranjeros que atiendan. Se trata de una indicación al proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas.

Deben dar “el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación”, agrega la norma presentada.

Influyentes voces han salido a señalar los riesgos de una norma así. Partiendo por el cardenal Fernando Chomali, que ha sido elocuente en su crítica. “La dignidad del ser humano es anterior a su nacionalidad, a cómo llegó, a la razón por la cual está enfermo (…). Esa indicación no es adecuada, va en contra del juramento hipocrático y genera serios problemas también desde el punto de vista sanitario”, afirmó.

Varios juristas, como Verónica Undurraga -expresidenta de la Comisión de Expertos en el segundo proceso constitucional-, piensan que la norma es, además, contraria a la Constitución y a los tratados internacionales. “Tenemos las capacidades para implementar una política migratoria eficaz, que no implique que el Estado nos obligue a realizar actos crueles como delatar (ese es el efecto) a personas que sufren y que se encuentran, muchas veces, en situaciones de extrema vulnerabilidad”, expresaron Undurraga y otros colegas juristas en carta a La Tercera.

Como han dicho varios salubristas, va contra el bien común de la sociedad completa. No basta estar con las vacunas al día si hay un grupo importante que no lo está; no basta cuidar la propia salud si los servicios están colapsados por personas que no lo han hecho, o no han podido hacerlo, o que dudan en hacerlo, por miedo. Lo mismo pasa con la educación: ¿Alguien piensa que niños hijos de migrantes, sin acceso a educación, sin futuro, encerrados solos en sus casas todo el día -además de la crueldad y vulneración de sus derechos como niños-, no serán un riesgo, no sólo para sí mismos?

Además de la falta de racionalidad de una medida así, este proyecto esconde un riesgo aún mayor, como es exacerbar una retórica antiinmigrante, xenófoba y nacionalista, combustible que ha posibilitado la existencia de policías como el ICE. Pedir que médicos y profesores expongan a sus alumnos y pacientes discrimina y levanta las sospechas sobre todo migrante. Y atiza la política de “ellos y nosotros”. Por un lado estarían los “verdaderos” chilenos. Por el otro, los que -por más que trabajen muy duro y se esfuercen al máximo- son y serán sospechosos siempre.

Y la gran mayoría de los migrantes vienen a trabajar y no a delinquir. Trabajan duro, pagan impuestos, consumen y aportan a la economía nacional. Medidas así asustan a los migrantes que están en regla, sintiendo ese clima hostil.

Hay que perseguir al crimen organizado internacional, claro que sí, pero no metiendo a todo migrante en ese saco, sino con planes bien pensados, “estructurados y anillados”. También hay que expulsar a quienes delinquen, sin “metáforas ni hipérboles”. Pero si se aprueba esta norma, se legitimaría una visión sesgada y prejuiciosa sobre todos ellos, una que abre la puerta a crueldades incrementales. Si a “ellos” hoy habría que denunciarlos en el colegio o en el Cesfam, ¿qué otras amenazas podrían recibir mañana?