Así lo indicó el senador Daniel Núñez, ante la postura del oficialismo de no aprobar una legislación en esa línea, y de cara a nueva votación en el Senado en la semana que se inicia. Advirtió que esa posición “permite que continúe esa infiltración que está haciendo el narco y el crimen organizado del sistema financiero, particularmente los bancos, para limpiar sus dineros y por esa vía llegar a convertir a Chile en un paraíso para los criminales”. El legislador del Partido Comunista precisó que la normativa propuesta “no es una autorización generalizada, sino sólo para casos donde se identifiquen hallazgos y elementos que indiquen la acción de una estructura criminal”. En general, sobre la gestión en materia de seguridad pública, Núñez apuntó a que “el gobierno está incumpliendo su principal promesa de campaña que era enfrentar y resolver la crisis de seguridad pública…es un autogol gigantesco que lo está pagando la gente con la continuidad de balaceras, secuestros, asesinatos, inseguridad en las comunas”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 7/6/2026. Cuando el gobierno estaba priorizando por el registro de vándalos, se detuvo a un ejecutivo del Banco Santander por operaciones del crimen organizado, dando cuenta de que los narcos o bandas delictivas ya están metidos en los bancos. El oficialismo seguía oponiéndose a levantar el secreto bancario en determinadas investigaciones, pero alentando castigar a quien raya una pared. ¿No hay una contradicción en eso si se habla de combatir delitos graves?
Lo que hay es una mirada de desconfianza hacia la gente modesta, hacia los trabajadores, hacia los jóvenes, hacia personas de sectores populares, y que cuando cometan una falta hacerles caer las penas del infierno, quitarles la PGU (Pensión Garantizada Universal), quitarles la gratuidad en educación, ponerles sanciones como no renovarles documentos, y a los verdaderos criminales, a los que se están enriqueciendo con las platas del narcotráfico, del crimen organizado, de bandas como el Tren de Aragua, no se les aplican medidas duras. Es así, que el gobierno de (José Antonio) Kast y la derecha no quieren que exista la posibilidad de levantarles el secreto bancario a esos criminales cuando haya una investigación. Eso permite que continúe esa infiltración que está haciendo el narco y el crimen organizado del sistema financiero, particularmente los bancos, para limpiar sus dineros y por esa vía llegar a convertir a Chile en un paraíso para los criminales. Es muy contradictorio que la gente que cometa una falta, le caiga las penas del infierno, les quiten beneficios sociales y, ante los narcos, ante bandas como el Tren de Aragua, al gobierno y a la derecha les da miedo aplicar medidas como levantar el secreto bancario a los narcos. Es algo muy difícil de entender.
En el Senado se vio que el gobierno no está apurado en quitarle el secreto bancario a criminales investigados, pero sí tiene prisa en tener un registro de vándalos.
Tuvimos algo de dulce y de agraz esta semana. Lo positivo fue que logramos votar, por fin, la Ley de Inteligencia Económica, una ley del gobierno de (Gabriel) Boric, que fortalece la institucionalidad para detectar los dineros del crimen organizado, del narcotráfico, todos los dineros ilícitos que se meten al sistema financiero. Ya mencionaste lo que pasó con un ejecutivo del Banco Santander vinculado a esa práctica ilegal. Una de las herramientas clave para hacer esa tarea es levantar el secreto bancario. En ese sentido algo avanzamos porque se aprobó la Ley de Inteligencia Económica, pero quedó pendiente para la votación del próximo martes -porque empatamos en la votación de esta semana- esta norma que permite levantar el secreto bancario a narcotraficantes y a testaferros o “palos blancos” de organizaciones criminales. Para que la gente comprenda, no es una autorización generalizada, sino sólo para casos donde se identifiquen hallazgos y elementos que indiquen la acción de una estructura criminal. Se trata de detectarlos, quitarles esos dineros y parar el delito, porque si se les quitan las ganancias pierden el ilícito, pierden poder, porque se sustentan con esas platas.
El Ministerio de Seguridad Pública debe estar a cargo de los planes y las acciones en esa materia, pero en estos tres meses es una cartera rodeada de controversias, equivocaciones, omisiones, confusiones. Está más en el centro por polémicas que por activación de medidas. ¿Cómo definir lo que está pasando en esta área desde el punto de vista de gestión del gobierno?
El gobierno está incumpliendo su principal promesa de campaña que era enfrentar y resolver la crisis de seguridad pública y ya perdió tres meses con la pésima gestión de la anterior ministra, Trinidad Steinert. Hay un déficit de ellos mismos, es un autogol gigantesco que lo está pagando la gente con la continuidad de balaceras, secuestros, asesinatos, inseguridad en las comunas. El gobierno debe hacerse una autocrítica profunda sobre esto, pero el Presidente Kast mira para el techo, vive en su palacio de cristal y no conectó con lo que la gente está pidiendo.
¿Estamos ante una situación de incertidumbre respecto a las políticas de seguridad pública?
Hay que reconocer que esta semana el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio a conocer un plan y lineamientos en la sesión especial del Senado, por lo tanto, no podría decir que estamos en el mismo plano que cuando estaba la exministra que, sencillamente, era incapaz de mostrar cuáles eran sus iniciativas. Pero uno ve que falta esa convicción y esa valentía para llevar adelante lo que se anuncia. Entonces, es muy contradictorio. Por ejemplo, la semana pasada se hizo una cumbre en Chile con representantes de varios países fronterizos para acordar acciones comunes, y algo que se dijo es que el crimen organizado está traspasando fronteras, incluso en lo financiero, y entonces cuando hay que actuar para enfrentar eso, para quitarles la plata a los narcos, Kast no quiere. No se ve coherencia en aquello de decir que quieren atacar al crimen organizado y a los narcos pero no se está de acuerdo, por ejemplo, en quitarles el secreto bancario, y esa es mi mayor preocupación hoy.
Ausencia de políticas sociales
Ustedes, desde la oposición, han expresado mucha preocupación por programas sociales. ¿Cómo viste la Cuenta Pública en relación a propuestas de políticas sociales?
Estuvo muy ausente lo de política sociales, de propuestas en salud, en educación, en vivienda, en pensiones. El único anuncio de beneficio social fue el de un bono de 30 mil pesos por hijo para las familias del 80 por ciento más vulnerable. El problema es que el bono es por una sola vez, y creer que con 30 mil pesos, o 60 mil pesos si son dos hijos, se va a enfrentar el tremendo impacto negativo del alza del costo de la vida por el bencinazo, es algo un poco para la risa, si no fuese por lo dramático de la situación. Y si uno tiene en cuenta que al mismo tiempo el gobierno está promoviendo una megareforma tributaria, que si se aprueba tal como la proponen, el año 2027 le estaría entregando un bono anual al uno por ciento más rico del país, de 200 a 300 millones. No se ponen en los zapatos de la gente que está muy agobiada por el alza del costo de la vida y no está alcanzado el dinero para llegar a fin de mes.
La derecha está muy confiada de que el megaproyecto se va a aprobar en el Senado.
La derecha está pasando la máquina, es decir, si antes se criticó a un senador por hablar de la retroexcavadora, ellos están pasando una aplanadora para aprobar un proyecto de megareforma tributaria aunque sea por un voto, ni siquiera buscan una mayoría sustantiva para algo tan fundamental. Al parecer ya compraron el voto que les faltaba, no sabemos qué negociaciones tuvieron con el senador (Miguel Ángel) Calisto, con el senador Matías Walker, que son dos votos decisivos, al parecer ya compraron esos votos, y eso los hace actuar, desde el oficialismo, con prepotencia, con soberbia, que nos pone en una situación complicada con efectos muy negativos para el país. Tenemos el riesgo no sólo de tener una mala ley sino, además, mal hecha, porque estos trámites express, a mata caballos, hacen que las leyes estén llenas de errores, de omisiones, de puntos confusos, que al final terminan perjudicando la legislación. Lo veo muy complejo, pero la derecha está muy soberbia.
¿Cuál es la posición que tienes respecto a la fusión de ministerios, particularmente Interior con Secretaría General de Gobierno?
Es un tema que no hemos discutido, nos tomó un poco de sorpresa, hay que esperar el proyecto, no quiero especular, pero obviamente esto es parte de una definición ideológica de este gobierno que habla de menos Estado y más privados, y bajo esa lógica de que ellos quieren reducir el Estado, uno mira con desconfianza estos anuncios. Si el objetivo fuera hacer un Estado más eficiente, más fuerte para resolver las demandas sociales, para promover un desarrollo económico inclusivo, por supuesto que uno se abre a discutir las medidas más eficaces, yo no descartaría ninguna. Pero si se busca, a cualquier costo, achicar el Estado porque creen que el Estado es como un demonio, por supuesto que uno desconfía si hablan de la fusión de ministerios. Tenemos que esperar el proyecto. Nosotros desconfiamos en lo que está haciendo Kast con el sector público porque su intención, más que tener un sector público eficiente, que responda mejor a las necesidades de la gente, es una mirada ideológica de achicar el Estado porque lo conciben como algo nocivo.
“Estamos muy preocupados por ese convenio de Chile con Estados Unidos para la explotación de tierras raras”
Tú siempre has estado en el tema minero, del cobre, del litio, ¿cuál es tu mirada de los nuevos nombramientos y lo que se haría en Coldelco desde este gobierno?
Miramos con mucho escepticismo el nombramiento del presidente del directorio de Codelco. Bernardo Fontaine es una persona que se caracteriza por sus opiniones extremas en materia económica, muy al estilo de los Chicago Boys de los tiempos de la dictadura y, por lo tanto, siempre ha estado promoviendo la privatización de todo lo que tiene que ver con el sector público. Así que estamos preocupados. Lo citamos a una sesión de la Comisión de Minería del Senado, a la cual no asistió, esperamos que la próxima semana asista y ahí transparente cuáles son los lineamientos que hay para Codelco, partiendo de la base de que es una empresa estratégica, una empresa que aporta millones de dólares al Estado y que ahora con la creación de Nova Andino aumentó de forma significativa sus utilidades y su patrimonio. Por lo tanto, a pesar de las dificultades que tiene Codelco, tiene vitalidad y tiene mucho que aportar a Chile.
¿Qué está pasando con el lito, con las tierras raras, con minerales estratégicos? El gobierno promovió un acuerdo con entidades de Estados Unidos sobre tierras raras, que son estratégicas.
Particularmente estamos muy preocupados por ese convenio de Chile con Estados Unidos para la explotación de tierras raras, no conocemos detalles del contenido, por tanto, nos genera preocupación. Pensamos que Chile debe actuar de manera soberana, tiene que relacionarse y hacer las alianzas con todos los países del mundo sin hacer discriminación de alguno, y no dejarse chantajear, ni amenazar, por tener convenios o acuerdos con uno u otro país. Esperamos, pronto, analizar ese tema en la Comisión de Minería del Senado, ese convenio que Chile suscribió con Estados Unidos en materia de minerales críticos o tierra raras.
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