
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha afirmado este jueves que los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Israel arrastran a los estados miembros a "violar" las leyes internacionales.
Así se ha referido durante su participación en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial sobre el impacto del genocidio palestino en el sistema de derecho internacional, en el que ha intervenido de manera telemática.
Según Albanese, la UE incumple sus propias normas al mantener vínculos comerciales con Israel, al que ha definido como un "estado genocida", y ha defendido la obligación de prevenir cualquier genocidio.
Sin embargo, ha valorado positivamente la posición del Gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez, de quien ha dicho que es "el único" en hablar de manera clara ante las instituciones europeas y "plantarle cara" a Estados Unidos.
La jurista italiana ha recordado también su último informe presentado bajo el título 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio' y ha sostenido que empresas como la vasca CAF (Construcciones y Auxiliares Ferroviarias), que construye entre otras cosas el Tren Ligero en Jerusalén, es "penalmente responsable" y merecen una investigación.
En este caso, la Fiscalía española abrió en el mes de abril una investigación a raíz de la denuncia de varias organizaciones propalestinas que se basaron, entre otras informaciones, en el trabajo de Albanese.
Así, la relatora ha señalado que "España tiene el derecho de imponer sanciones a las empresas" para que dejen de estar involucradas con Israel. Lo ha sostenido en base a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2024 que declara la ocupación ilegal y advierte que los estados miembros tienen la obligación de no prestar ayuda ni asistencia a la ocupación y deben regular a sus empresas.
Con todo, la relatora de la ONU ha asumido que si bien las organizaciones internacionales y los ciudadanos llegan "tarde" a cualquier imposición o sanción, no deben ser cómplices a través del consumo o las finanzas, y ha animado a no comprar o mantener relaciones con empresas que inviertan en la "economía de la ocupación".
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