La célebre frase de Hamlet, “algo huele mal en el reino de …”, surge casi de manera natural cuando intuimos que algo no está bien. Es un meme cultural tan simple como directo. Pero si existe un conflicto en el que esta expresión puede usarse en su sentido más literal, es justamente este: Las Salinas de Viña del Mar huele mal. Huele a hidrocarburos y a quién sabe cuántos otros compuestos que las empresas petroquímicas vertieron irresponsablemente durante décadas. Hoy, la inmobiliaria de Copec está excavando y remediando en la superficie –ex situ– aquello que el paso del tiempo tardó casi un siglo en confinar varios metros bajo tierra. Tratar de remediar en la superficie parece una acción temeraria si se considera la variedad de compuestos de interés asociados a las actividades históricas desarrolladas en el terreno, donde no sólo encontramos hidrocarburos, entre ellos algunos muy tóxicos como el benceno, y otros compuestos cancerígenos como el cromato de calcio, además de pesticidas y metales pesados como cromo, plomo y mercurio entre otros.
Algunos podrían preguntar ¿por qué se oponen a la remediación? La respuesta es muy simple: ¡no nos oponemos a la remediación!, como algunos intentan instalar, sino que hemos exigido, por años, una remediación adecuada al entorno, menos invasiva –in situ– y sin las externalidades negativas que, por al menos cinco años, afectarán a la ciudad. Se trata de una faena a gran escala: un constante ruido de camiones y maquinarias, excavaciones de más de un millón de metros cúbicos de arenas en pleno radio urbano, con la correspondiente generación de polvo en suspensión y eventual dispersión de los contaminantes, emanación de compuestos orgánicos volátiles y una serie de impactos adicionales.
Hoy, los vecinos más cercanos relatan que deben mantener sus ventanas cerradas, que el olor es permanente e insoportable; que los ruidos se prolongan todo el día e incluso en la noche, sin respetar los horarios establecidos en la propia resolución de calificación ambiental (RCA). Desde que se iniciaron los trabajos, los incumplimientos han sido reiterados, lo que profundiza la desconfianza de la comunidad: la empresa incurrió en un acto de autotutela al implementar unilateralmente el Plan de Monitoreo «Participativo»; los trabajos en la parte alta del terreno debían durar sólo algunas semanas pero se extendieron por meses; el tránsito de camiones con destino a Reñaca Alto fue permanente; se encontró asbesto que no estaba declarado en el Estudio de Impacto Ambiental; por mencionar algunos puntos. Y algunos preguntan: ¿por qué no informan o denuncian estas situaciones por la vía formal? ¡pues sí lo estamos haciendo! Ante lo cual la empresa normalmente responde con obviedades y archiva los reclamos. Por otro lado, la institucionalidad ambiental opera como una trama burocrática más. La SMA acusa recibo de las denuncias por hechos flagrantes dos meses después de realizadas e inicia las fiscalizaciones en hasta cuatro meses después, donde la mayoría de las veces, la inspección consiste solamente en solicitar a la empresa denunciada cierta información.
Y nos vuelven a preguntar ¿por qué no denuncian entonces en la justicia? y nuevamente la respuesta es ¡sí lo hicimos!, hasta las últimas instancias. Pero lamentablemente los fallos han sido adversos, siempre favorables a Copec. En varios de estos fallos, tanto en la Corte Suprema como en la Corte de Apelaciones u otros tribunales, participaron ministros y abogados cuestionados públicamente, como la ministra Vivanco o el ministro Simpértigue, por mencionar algunos. En esta semana donde hemos sido testigos que incluso fallos de la Corte Suprema están en tela de juicio por la existencia de redes de poder y sobornos, nos queda esa amarga sensación de que tal vez, otros jueces podrían haber sopesado esta controversia con mayor profundidad técnica. No se trata de un simple procedimiento legal respecto de la validez de una RCA, se trata de un delito ambiental que está claramente establecido en nuestra legislación y que aún no ha sido juzgado, ni siquiera investigado. Se puede limpiar el sitio de suceso, pero no se puede borrar el delito, cuyos efectos permanecen hasta hoy.
Las empresas que dañaron el medio ambiente cargan con un pasivo ambiental incalculable en favor de Viña del Mar. Antes de fallecer, el propio Anacleto Angelini reconoció esto, según las palabras de su gerente Arturo Natho, al decir que en ese terreno «debemos hacer algo valioso para Viña del Mar». Lamentablemente la imaginación de sus sucesores no voló muy alto: por décadas sólo han visualizado un mega proyecto inmobiliario. Si bien el proyecto ha mostrado ciertos avances gracias a la presión y opinión de la ciudadanía que aboga por más espacios verdes, sigue siendo sólo un proyecto. Por ello, resulta del todo razonable esperar a que los usos y permisos del terreno se definan mediante un nuevo Plan Regulador, con verdadera participación ciudadana, y no ampararse en el plan seccional de 2008, diseñado a medida para rentabilizar este terreno y que se funda en documentos ilegales según ha indicado la propia Contraloría General de la República.
Si bien este polémico proceso de remediación ya comenzó, la ciudad ya entendió el mensaje: cuando algo huele mal «es la verdad» que sale a la superficie.
Por Pablo Roncagliolo
Ingeniero Civil
Viña del Mar, noviembre de 2025.
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