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SEÑOR DIRECTOR:

La Ley 21.362 fue un avance histórico al identificar con claridad los alimentos libres de gluten y dar más autonomía a miles de familias celíacas. Hoy, sin embargo, ese avance enfrenta su propia contradicción: el artículo 9 bis obliga a vender esos productos en góndolas exclusivas para dar más seguridad al consumidor. La intención es correcta, pero la realidad del mercado chileno no permite cumplirla.

Estos alimentos existen porque hay empresas que invierten hace años en procesos rigurosos para evitar la contaminación cruzada: control de materias primas, instalaciones, transporte y personal. Ese esfuerzo bien vale si los productos se venden. Concentrar una oferta ya reducida en un espacio de menor circulación tiene un resultado previsible: menores ventas y, con ello, bajo interés de las empresas por mantener certificaciones e innovar. Menos empresas significan menos alimentos disponibles y menor posibilidad de tratamiento. El problema entonces deja de ser comercial y se convierte en uno de seguridad alimentaria. Porque para la persona celíaca la comida es su medicina.

El debate no debe concentrarse en dónde se ubica un alimento libre de gluten, sino que exista, que esté disponible en todas las regiones del país, haya variedad, que los precios no sigan subiendo, y que la fiscalización exija, simplemente, el cumplimiento del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

La prioridad debe estar en asegurar un marco que posibilite la sustentabilidad de las empresas certificadas como también el acceso de los pacientes a su tratamiento.

Hace pocos días nos reunimos representantes de la industria, pacientes celíacos y autoridades del Ministerio de Salud, incluida la ministra, y acordamos buscar alternativas que resuelvan el problema sin eliminar regulaciones ni bajar estándares. Desde Coacel esperamos que la Ley 21.362 se fortalezca con evidencia, diálogo y respeto por la cadena productiva, y que no termine debilitada por su propio reglamento.

Magdalena Araya

Presidenta de Coacel