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Un mes basta para medir la ambición, y el gobierno ha puesto la vara alta. En cuatro años promete cerrar un déficit estructural de -3,6% del PIB —más de US$12.600 millones—, lo que exige revertir la trayectoria del gasto y, sobre todo, recuperar el crecimiento. Llevarlo al 4% requiere aumentar la inversión en 15% y reactivar la productividad, como en los últimos años dorados de los noventa. En ese escenario, reducir el desempleo a 6% —lo que exige crear un millón de empleos— surge como consecuencia de ese mayor dinamismo. Son metas exigentes: el Chile que no vemos hace años.

Pero estas metas no son triviales, ni para Chile ni en el contexto internacional. Economías comparables crecen en torno a 3%; ir más allá suele ser la excepción. El propio gobierno lo sabe. Su cumplimiento descansa en un paquete exigente: ajustes de gasto en curso, un esfuerzo adicional en la próxima ley de Presupuestos, agilización de la permisología y una ley miscelánea con más de 40 iniciativas hoy en negociación prelegislativa. Es una apuesta ambiciosa que combina urgencia política con riesgos de aprobación y ejecución.

En el papel, la estrategia es coherente. La consolidación fiscal busca recomponer márgenes tras 16 de los últimos 18 años con déficits estructurales, que llevaron la deuda cerca del límite prudencial y redujeron los activos fiscales. Ese ajuste ya comenzó, con recortes cercanos al 3% en la mayoría de los ministerios, reflejando tensiones de implementación. En paralelo, la agenda procrecimiento se apoya en agilizar permisos —con potencial de aportar 0,24 puntos al crecimiento—, rebajar el impuesto corporativo —otros 0,65 puntos— y subsidiar el empleo al estilo sueco, cuyo impacto sigue incierto.

La tensión es evidente. La estrechez fiscal obliga a reducir gasto, mientras se busca bajar impuestos para reactivar. Esa combinación solo es sostenible con compensaciones creíbles. De lo contrario, los agentes anticiparán que la rebaja es transitoria y deberá revertirse, debilitando la credibilidad fiscal y el impulso al crecimiento. En este contexto, la ambición del programa se pone a prueba en tres dimensiones: macroeconómica, política y de timing.

En la primera, el ajuste fiscal, en un ciclo débil, enfría la demanda justo cuando el entorno externo aprieta: el alza del petróleo presiona la inflación, deteriora el ingreso disponible y tensiona el margen de la política monetaria. Confluyen así varios frentes contractivos. En ese escenario, cómo se enfrenta el shock importa tanto por sus efectos directos como por la señal que transmite. La economía no responde solo a precios relativos, sino también a narrativas y expectativas que moldean decisiones de inversión y empleo. Traspasar el mayor costo a precios es consistente con la evidencia: evita distorsiones y preserva la señal de escasez. Intervenir, en cambio, implica deshacer por un lado lo que se ajusta por otro: parte del esfuerzo fiscal termina diluyéndose. El desafío es que ese viento en contra sea superado por un repunte de los “espíritus animales”, activado por señales creíbles del Estado que reactiven el ánimo inversor.

En lo político, los ajustes no fracasan por falta de diagnóstico, sino de decisión. Frente a costos visibles, los gobiernos suelen inclinarse por medidas más rentables —como subsidios generalizados— aunque menos efectivas. El debate sobre los combustibles lo muestra con claridad: no es un dilema técnico, sino de capital político. Sostener un ajuste implica asignar bien los costos y resistir las presiones. En este caso, Chile eligió no amortiguar el alza y traspasar el costo a precios, con apoyos acotados. Mientras otras economías optaron por la gradualidad y absorber parte del alza, aquí se privilegió la consolidación fiscal, asumiendo costos que otros optaron por sortear.

La tercera dimensión es el timing. Ajustar nunca ocurre en el vacío, y hacerlo cuando el crecimiento pierde tracción —acercándose más a 2% que a 2,5%— dificulta aún más reactivar la actividad. Con una inversión que no despega y un mercado laboral frágil, consolidar ahora implica aceptar mayores costos de corto plazo a cambio de recomponer márgenes frente a un escenario externo más adverso. La apuesta es que la agenda procrecimiento compense ese costo. Pero si el ciclo no acompaña, no bastará con convicción: será necesario recalibrar. En economías frágiles, la rigidez estratégica suele salir cara.

El programa económico no carece de diagnóstico ni de instrumentos. A un mes, la hoja de ruta es ambiciosa y, en lo esencial, correcta. Pero esa ambición opera bajo presión. Sostenerla exigirá no solo decisión, sino también capacidad de corregir sin demora cuando la realidad lo imponga.

*El autor de la columna es coordinador académico del Centro de Estudios Públicos