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La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este martes un aumento de los "abusos contra los Derechos Humanos" que constituyen "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" cometidos por combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) contra la población civil del este de República Democrática del Congo (RDC).

"La población civil de la región oriental de República Democrática del Congo sufre un aumento de los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre los ataques a civiles de las ADF en el área.

Este grupo, surgido en Uganda en la década de 1990, juró lealtad a la organización terrorista Estado Islámico, que en 2019 reconoció dicho juramento, convirtiendo al grupo en la Provincia de Estado Islámico en África Central. Actuando en un área donde también destaca el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, la focalización de la atención nacional e internacional a inicios de 2025 en los avances del citado M23 --en el marco de las negociaciones de paz entre RDC, el grupo y Ruanda-- permitió a las ADF beneficiarse de la consiguiente desviación de tropas y de la atención.

Es en este contexto en el que "la población civil de la región oriental de RDC viene sufriendo una brutalidad extrema a manos de los combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas en forma de homicidios, secuestros y torturas, en una campaña deshumanizadora de abusos", según ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

"Los combatientes de las ADF han asaltado comunidades y fincas, han atacado centros médicos, y saqueado e incendiado viviendas", ha alertado la dirigente de la organización, que ha alegado que "la violencia de este grupo está contribuyendo a una intensificación de la crisis humanitaria", con mayores desplazamientos e interrupciones de "servicios básicos como el acceso a alimentos, atención médica y educación".

Por ello, Callamard ha reclamado "que el Gobierno y la comunidad internacional intensifiquen los esfuerzos para proteger a la población civil y llevar a los responsables ante la Justicia". "Estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando", ha agregado antes de aseverar que, "como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, también constituyen crímenes de lesa humanidad".

La secretaria general de Amnistía se ha pronunciado así ante un informe en el que la ONG recoge sus investigaciones en la provincia de Kivu Norte en noviembre de 2025, que incluyen entrevistas a 71 personas con testigos directos y sobrevivientes de ataques, miembros de la sociedad civil, militares y policías, y personal humanitario, incluso de la ONU.

MASACRES DE CIVILES, NIÑOS SOLDADO Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES

En este estudio, AI ha documentado hasta ocho ataques de las ADF, grupo que, aunque ataca a las fuerzas de seguridad, ha tenido como "su objetivo principal en los últimos años la población civil, a la que ataca deliberadamente no solo para robar comida, medicinas y otros suministros, sino también como represalia por operaciones militares". Además, "según testigos, las fuerzas de seguridad, incluidas las tropas de las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (FARDC) de bases próximas, no siempre respondieron o llegaron tarde al lugar de los ataques".

Uno de esos atentados ocurrió el 8 de septiembre de 2025, en la aldea de Ntoyo, cuando combatientes de las ADF se hicieron pasar por civiles y se mezclaron con quienes asistían a un velatorio antes de atacar repentinamente a la gente. El baño de sangre --en el que se utilizaron martillos, hachas, machetes y pistolas-- se saldó con la muerte de más de 60 personas en medio de la ausencia de las fuerzas de seguridad.

"Nunca había visto tantos cadáveres", declaró una de las testigos que encontró los cuerpos de sus padres a la mañana siguiente al ataque. Sus palabras dan título al detallado informe de cerca de 60 páginas.

No obstante, el documento de Amnistía recoge más actividades de las Fuerzas Democráticas Aliadas, como 46 casos de secuestro en los que las víctimas "sufrieron abusos y crímenes adicionales, como trabajo forzoso, tortura, esclavitud sexual y homicidios ilegítimos".

Asimismo, la ONG también ha señalado el "reclutamiento y utilización de niños y niñas" por parte del grupo, considerado por Naciones Unidas como uno de los más responsables de este crimen en el país. Los menores son explotados "como combatientes y en trabajos de porteo, cocina y vigilancia, entre otros", y sometidos a "numerosos abusos, incluso tortura y otros malos tratos".

Además, AI ha acusado múltiples casos de violencia contra mujeres y niñas, como los casos de siete entrevistadas --dos de ellas menores-- "que fueron secuestradas por las ADF y obligadas a contraer 'matrimonio'".

"Las entrevistas indican que las ADF daban 'esposas' --a veces, muchas-- a combatientes como incentivo de reclutamiento, y que la práctica es sistemática en los campamentos del grupo", indica Amnistía, que apunta a "largos periodos de violencia sexual y física".

AMNISTÍA PIDE MEDIDAS AL GOBIERNO DE RDC Y APOYO INTERNACIONAL

Ante este escenario, Amnistía Internacional ha reclamado que República Democrática del Congo "debe tomar más medidas para proteger a la población civil, lo que incluye trabajar con la ONU y las comunidades locales, mejorar los mecanismos de alerta temprana y permitir una respuesta rápida ante posibles ataques". "Hacen falta un enfoque integral de seguridad, justicia y rendición de cuentas, así como programas significativos de reintegración, para abordar las necesidades de las comunidades y las personas sobrevivientes", agrega.

"Las personas sobrevivientes nos dijeron que era urgente que se restablecieran la paz y la seguridad en la región oriental de RDC para poder reconstruir sus vidas", ha apuntado Agnès Callamard, que ha pedido "medidas mucho más contundentes" por parte de Kinshasa y el respaldo firme de la comunidad internacional al Estado congoleño, a fin de "mejorar las iniciativas destinadas a proteger a la población civil, garantizar la justicia y proporcionar un apoyo a largo plazo y sostenible a víctimas y sobrevivientes".

"El desinterés de la política internacional y los círculos de donantes respecto de las amenazas y crímenes generalizados de las ADF solo servirá para seguir socavando la seguridad y los Derechos Humanos en la región oriental de la RDC", ha advertido.