
Tras la elección presidencial, Amnistía Internacional Chile instó al presidente electo, José Antonio Kast, a mantener el compromiso del país con los derechos humanos y a corregir los aspectos más críticos de su programa.
“Algunas declaraciones de su campaña, así como la ausencia de temas relacionados con derechos sociales, nos advierten de importantes amenazas durante su presidencia”, señaló Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de la organización. Agregó que Kast debe evitar “el peligroso camino” marcado por una retórica “agresiva y deshumanizante” hacia grupos vulnerables.
Uno de los puntos más sensibles es la política migratoria propuesta por el futuro mandatario. Según Bustos, criminalizar a personas migrantes y restringir derechos básicos como salud, educación y condiciones de vida dignas “es cruel y absolutamente vulneratorio, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes”.
Otro foco de inquietud es el anunciado ajuste fiscal de 6 mil millones de dólares, cuyo detalle no ha sido aclarado. Para Amnistía, un recorte de esa magnitud podría generar un retroceso significativo en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Asimismo, advirtió que los planteamientos medioambientales del programa de Kast podrían debilitar evaluaciones de impacto ambiental y participación ciudadana, en contradicción con el Acuerdo de Escazú ratificado por Chile.
Amnistía Internacional recordó que Kast asumirá en un continente marcado por desigualdad, prácticas autoritarias, criminalización de la protesta, desplazamientos masivos y una emergencia climática que agrava violaciones de derechos.
“Recordamos a la administración Kast sus responsabilidades y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno”, afirmó Bustos. La organización aseguró que permanecerá “vigilante, documentando y denunciando” cualquier retroceso.
Desde la oficina regional, Ana Piquer advirtió que esperan que Chile no se sume a gobiernos “que miran con crueldad a migrantes, atacan derechos sexuales y reproductivos y restringen libertades fundamentales”.
“Junto con organizaciones de la sociedad civil en Chile y en las Américas, estamos preparados para exigir que el nuevo gobierno cumpla sus obligaciones”, concluyó.
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