Andes Iron, titular del proyecto Dominga, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que invalidó el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental. La acción, patrocinada por los abogados Patricio Leyton y Carola Salamaca, se funda en presuntas faltas o abusos graves, mientras el proyecto mantiene rechazada su Resolución de Calificación Ambiental y registra inversiones por cerca de US$500 millones.
La empresa, vinculada a las familias Délano y Garcés, sostiene que el fallo de alzada anuló de oficio “todo lo obrado” en el cumplimiento incidental, pese a que la autoridad administrativa compareció y no cuestionó oportunamente la vía procesal. En su escrito, la compañía afirma que los ministros “incurrieron en faltas o abusos graves” al apartarse del tenor de la ley y de principios procesales.
Según la presentación, la sentencia desconoció que la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que anuló una resolución del Comité de Ministros y ordenó un nuevo pronunciamiento con parámetros definidos, estableció una obligación exigible. En ese marco, la minera acusa una confusión entre la naturaleza no definitiva del fallo ambiental y su fuerza ejecutiva, distinción que, a su juicio, fue incorrectamente resuelta.
La empresa añade que la nulidad se dictó sin identificar un perjuicio concreto y sin audiencia previa, lo que vulneraría la bilateralidad y el debido proceso. Asimismo, advierte que la invalidación total del cumplimiento incidental altera de manera sustancial el estatuto jurídico del proyecto y los actos dictados en ejecución de la sentencia de diciembre de 2024 del tribunal ambiental.
Andes Iron detalla que ha invertido aproximadamente US$500 millones, incluyendo la adquisición de predios del Estudio de Impacto Ambiental: 160 hectáreas, 10.000 hectáreas en Dominga y 210 hectáreas en Totoralillo.
Impacto en la evaluación ambiental
La minera sostiene que mantener vigente la sentencia impugnada durante la tramitación del recurso podría generar “efectos prácticos inmediatos y de difícil, cuando no imposible, reparación”, al provocar cambios en la posición del proyecto dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El recurso quedó en tramitación ante la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre la procedencia de la queja y los eventuales efectos de la sentencia cuestionada, mientras el proyecto Dominga continúa sin aprobación ambiental.
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