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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo (TS) que el empresario Víctor de Aldama sea condenado a 7 años de cárcel por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, una petición sustancialmente menor que las realizadas para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, porque valora la "confesión" de presunto conseguidor de la trama de mascarillas.

En un escrito, de 20 páginas, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, expone que, en el caso de Aldama, concurre "la atenuante de confesión". Fue en noviembre de 2024 cuando el empresario declaró en la Audiencia Nacional en otro caso (hidrocarburos) para confirmar hechos que ya se investigaban en el 'caso Koldo' y revelar otros, tanto en relación con la trama de mascarillas como de la trama de obra pública que, en ese momento, no se conocía.

Tras esta confesión, el empresario fue puesto en libertad. Salió de la cárcel madrileña de Soto del Real el 22 de noviembre de ese año, poco después de su entrada, el 10 de octubre. El juez del 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, revocó la prisión provisional que había acordado porque el fiscal anticorrupción Luis Pastor ya no pidió que siguiera encarcelado.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, Luzón también resalta ahora esa declaración al afirmar que "se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento".

Asimismo, pone de relieve que no son afirmaciones "auto exculpatorias", ya que Aldama "viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la administración pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves".

El resultado es que, frente a los 24 y 19 años y medio de prisión que reclama para Ábalos y Koldo, respectivamente, para Aldama solicita únicamente 7 años de prisión. Además, en el exministro y quien fuera su asesor aprecia cinco delitos --organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada-- mientras que al empresario le apunta tres: organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada.

En concreto, por organización criminal solicita una condena de 4 años de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por un delito continuado de cohecho, le reclama 3 años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 300 euros (108.000 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 9 años.

Finalmente, por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, exige una multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un año.

UNA CARGA ECONÓMICA SIMILAR A LA DE ÁBALOS Y KOLDO

La peticiones respecto a Aldama solo se alinéan con las formuladas para Ábalos y Koldo en las multas. En el caso del empresario suman 3,8 millones de euros, cantidad ligeramente inferior a la reclamada para el exministro y el exasesor, de 3,9 millones de euros cada uno.

Además, a estos dos últimos les pide indemnización conjunta y solidaria para las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de 34.477,86 y 9.500,54 euros, respectivamente.

No obstante, Luzón interesa acordar "el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros", en relación con los tres acusados.