El Ciudadano
En la tarde de hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 134 votos a favor y 2 en contra el proyecto de ley que exige la realización de alcotest y narcotest periódicos y obligatorios a los conductores de microbuses urbanos.
La iniciativa, correspondiente a proyectos refundidos y conocida como “Ley Alberto”, surge a raíz del fallecimiento del estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, Mauro Alberto Gómez Estay, quien perdió la vida producto de un atropello protagonizado por un chofer que conducía bajo la influencia de las drogas.
El diputado por la región de Valparaíso, Luis Cuello (PC), autor de una de las mociones que fueron refundidas en el texto final, valoró el respaldo transversal alcanzado en la Sala y señaló que la aprobación constituye un paso decisivo para fortalecer los estándares de seguridad en el transporte público.
Al respecto, el diputado Cuello declaró: “Hoy día estamos muy satisfechos porque la Sala de la Cámara ha aprobado de forma casi unánime, con una mayoría abrumadora, este proyecto de ley que busca establecer una herramienta preventiva, que busca impedir que se arriesgue de forma innecesaria la vida de las personas que usan el transporte público”.
El parlamentario valoró además el rol de la familia de la víctima y el trabajo transversal que permitió sacar adelante la iniciativa: “Quiero valorar la permanente lucha que ha dado Jennifer Estay, mamá de Alberto Gómez, que nos acompaña; también el trabajo conjunto con la diputada Carolina Marzán, con el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz y el subsecretario Jorge Daza, que en conjunto hemos logrado este resultado, que el proyecto pase al Senado porque es una necesidad urgente, una demanda de la sociedad”.
Cuello enfatizó que la medida apunta a resguardar la integridad de quienes utilizan diariamente el transporte público: “No es admisible, esto es algo elemental, es muy básico, demandar que nuestros hijos e hijas, que toman la micro todos los días, lleguen a la casa con vida. Eso es lo que estamos pidiendo. Al respecto, las empresas no se han hecho cargo y, como no se han hecho cargo, es necesario legislar”.
En esa línea, explicó que la norma establece controles cada cuatro meses: “Estamos legislando en función de establecer un control cada cuatro meses de alcotest y narcotest para impedir, de forma absoluta, que un conductor se suba siquiera a un microbús bajo el efecto de las drogas o el alcohol. Creo que esto va a producir, sin duda, un cambio cultural. Eso es lo que esperamos: que sea normal que ningún microbús esté siendo conducido bajo estas condiciones. Acá la empresa tiene una responsabilidad, usa un espacio público; en consecuencia, es de su cargo que cumpla con esto y garantice la integridad física de las personas”.
Finalmente, el diputado destacó la presencia de dirigentes estudiantiles en la sesión y llamó al Senado a avanzar con celeridad para que se convierta en ley de la república: “Han sido justamente los estudiantes los más perjudicados, quienes más sufren los riesgos. Lo hemos visto de forma dolorosa en esta región de Valparaíso. Por lo tanto, espero ahora que el Senado de la República pueda avanzar con celeridad, justamente para evitar que se produzcan hechos de esta naturaleza”.
¿Qué propone la Ley Alberto?
La iniciativa establece la obligación para las empresas de transporte público y privado de pasajeros de realizar controles periódicos de alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas a sus conductores.
El proyecto dispone que estas pruebas deberán aplicarse de manera obligatoria al menos dos veces durante cada año calendario, asegurando que exista una distancia mínima de cuatro meses entre un control y otro.
Asimismo, la norma precisa que estos test no reemplazan las fiscalizaciones y exámenes que puedan realizar las autoridades competentes, sino que constituyen una medida preventiva adicional destinada a reforzar la seguridad de quienes utilizan el transporte público.
A partir de los controles, el proyecto de ley propone que las empresas elaboren un registro que constate la aplicación de las pruebas, y se entregue semestralmente a la autoridad.
Además, plantea aplicar multas a beneficio fiscal de 1,5 a 3 UTM ($104.626 a $209.253) para las empresas que incumplan la norma. Los montos se efectuarían por cada trabajador al que se haya omitido el examen.
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