El Ciudadano
En una sesión celebrada en la Universidad Ecotec de Samborondón, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa que ha desatado una ola de rechazo en las organizaciones indígenas y ambientales del país.
La norma, tramitada en medio de protestas y advertencias, pero bajo el carácter de urgente en materia económica, recibió 77 votos a favor. Tras ser aprobada, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad en los próximos días, argumentando que “el agua y la vida se defienden”.
El proyecto de ley, remitido por el Ejecutivo con la declaratoria de urgencia económica, introduce modificaciones sustanciales al marco legal que regula las actividades mineras y energéticas en el país.
Según la administración del mandatario de derecha, la normativa busca «optimizar la gestión pública y privada en esos sectores, fortalecer la generación de ingresos fiscales y divisas y contribuir a la sostenibilidad fiscal del Estado», consignó
Sin embargo, la letra gruesa del articulado y las implicaciones de su aplicación han encendido las alarmas entre los defensores de derechos ambientales y colectivos.
La decisión legislativa se tomó en medio de un clima de creciente tensión social, con advertencias de los sectores indígenas y ambientalistas sobre los efectos que esta normativa podría tener en los territorios, las fuentes de agua y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Pese a estas voces de alerta, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para sacar adelante una iniciativa que, desde la perspectiva de sus críticos, representa un retroceso significativo en materia de protección ambiental y participación ciudadana.
Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva legislación tiene que ver con la modificación de los procedimientos de control ambiental. Según han denunciado las organizaciones, la norma elimina las licencias ambientales tradicionales y las sustituye por autorizaciones simplificadas, un cambio que, a su juicio, debilita los mecanismos de control preventivo, particularmente en zonas ecológicamente sensibles.
Tanto la Conaie como otras organizaciones sociales han señalado que la ley vulnera derechos constitucionales fundamentales, especialmente en lo relativo a la reducción de los procedimientos de consulta previa, libre e informada-
Este mecanismo es considerado por las comunidades como una herramienta esencial para proteger sus territorios y decidir sobre proyectos que afectan directamente su forma de vida.
A l par de las organizaciones indígenas, sectores ambientalistas, maestros y otros colectivos de Ecuador han expresado su condena al proyecto y advierten que reduce participación ciudadana, pone en riesgo ecosistemas y vulnera derechos colectivos como el acceso a un ambiente sano, por lo que han extendido un llamado a que se promueva un diálogo más amplio antes de aprobar este tipo de normativas.
La reforma legal toca también aspectos sensibles relacionados con la gestión de los recursos naturales estratégicos del Estado. Los críticos de la norma argumentan que, bajo el argumento de la urgencia económica, se están imponiendo decisiones que privilegian los intereses extractivistas y de las grandes corporaciones transnacionales por encima de los derechos colectivos, los territorios y la naturaleza.
Organizaciones indígenas advierten sobre peligros de la ley minera de Noboa
Entre las voces más críticas que se han pronunciado contra la ley destaca la de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas de la Ecuarunari, una de las organizaciones que conforman la Conaie.
A través de sus redes sociales, denunció que la normativa avanza sin debate democrático previo y pone en riesgo territorios, agua y derechos de comunidades.
Indicó el Ejecutivo presenta la ley bajo la figura de «económico urgente», lo que limita el tiempo de discusión en la Asamblea. Esta modalidad, a su criterio, impide un análisis profundo de los impactos ambientales y sociales de la normativa.
«Aprobaron una ley que pone en grave riesgo nuestros territorios, el agua, los derechos, la vida y el futuro del país», declaró el dirigente.
según el presidente de la Ecuarunari, la denominada Ley de Minería y Energía de Ecuador, elimina la licencia ambiental y las fases de explotación minera bajo el argumento de eficiencia administrativa, por lo que advirtió que decisión debilita los controles del Estado sobre las actividades extractivas, al reducir las garantías para proteger ecosistemas y comunidades en zonas de alto valor natural.
A la par, debilita los mecanismos de consulta previa y consulta ambiental establecidos en el ordenamiento jurídico.
También indicó que la normativa impulsada por el derechista Daniel Noboa, consolida la militarización de territorios, usando fuerzas armadas para resguardar intereses mineros privados con recursos públicos.
«Esto incrementa la conflictividad y vulnera el derecho a la resistencia», afirmó, al tiempo que planteó que esta situación derivar en nuevos conflictos entre comunidades y el Estado en distintas regiones del país.
Iza calificó al instrumento legal como una regresión de derechos que afecta la Constitución, la naturaleza y el derecho a un ambiente sano.
Desde la Ecuarunari advertimos que esta ley no beneficia al país, sino a intereses extractivos y capitales transnacionales», explicó.
Iza sostiene que diversas consultas populares previas ya muestran la oposición ciudadana a este tipo de normativas.
Según el dirigente la normativa atenta directamente contra el agua y la vida de las comunidades.
«No son negociables, no están en venta», dejó en en claro.
En este sentido, exigió a la Asamblea Nacional que actúe con responsabilidad y «respete la Constitución y la voluntad popular», en una clara alusión a los derechos constitucionales que, desde su perspectiva, resultan vulnerados con la nueva legislación
Respuesta de la Conaie: demanda de inconstitucionalidad y defensa del agua
La reacción más contundente ante la aprobación de la ley minera ha venido de parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización que agrupa a los pueblos originarios del país.
Apenas conocida la decisión de la Asamblea Nacional, la agrupación indicó: «Rechazamos esta norma que, bajo ‘urgencia económica’, pone en riesgo el agua, los territorios y los derechos colectivos».
«¡El agua y la vida se defienden!», afirmaron.
La agrupación emitió un comunicado en el que anunció acciones legales para frenar la aplicación de la normativa, que incluyen la presentación de una demanda de inconstitucionalidad.
«Rechazamos la aprobación de la ley de fortalecimiento minero y energético por la asamblea nacional. Esta iniciativa del ejecutivo respaldada por el legislativo pone en riesgo los recursos naturales estratégicos del estado y amenaza el agua como recurso hídrico fundamental para la vida de los pueblos. Una vez más bajo la figura de urgencia económica se imponen decisiones que favorecen intereses extractivistas por encima de los derechos colectivos, los territorios y la naturaleza», aregumentaron
«Ante este atropello, la Conaie anuncia la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en los próximos días en defensa del agua, los territorios y la constitución. Por la defensa de los territorios, el agua y la vida», afirmaron desde la Confederación.
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 27, 2026
#ATENCION | La #CONAIE presentará demanda de inconstitucionalidad tras la aprobación de la Ley Minera. Rechazamos esta norma que, bajo “urgencia económica”, pone en riesgo el agua, los territorios y los derechos colectivos.
¡El agua y la vida se defienden!#EnUnidad pic.twitter.com/vRYHoQbyDU
El presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, alertó de que la normativa favorece a grandes empresas extractivas por encima de los derechos colectivos y de la naturaleza, reconocidos en la Constitución.
“El proyecto de ley minero-energético que impulsa el Gobierno es un peligro para el país: reduce la consulta previa, reemplaza las licencias ambientales por simples autorizaciones y facilita concesiones de largo plazo”, señaló Vargas en un video compartido en sus redes sociales.
Advirtió que aprobar la iniciativa significaría debilitar la capacidad del Estado para proteger la naturaleza, en un contexto en el que ya existen ríos contaminados con mercurio y cianuro por actividades extractivas.
Desde la Conaie, dijo, se defenderá “el agua que todos tomamos, la vida de nuestras comunidades y el cumplimiento de la Constitución”, por lo que reiteró el llamado a archivar el proyecto y a no profundizar un modelo extractivista que, según afirmó, ha generado contaminación y división social.
— Marlon Vargas S. (@MarlonVargasEc) February 26, 2026
El agua que usted y su familia consumen está en riesgo. La Ley de Fortalecimiento Minero va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas. La @AsambleaEcuador debe ARCHIVARLA. #ArchivoLeyMinera pic.twitter.com/bPaqXPj02a
La aprobación de esta ley minera no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de debates y conflictos en torno a la minería y otros grandes proyectos extractivos en Ecuador. E Tras la llegada al poder de Daniel Noboa, quien podría enfrentar un proceso de revocatoria de su mandato, el país latinoamericano ha sido escenario en los últimos años de numerosas protestas y desafíos judiciales vinculados a la defensa de derechos ambientales y territoriales, reflejando una profunda división social acerca del modelo de desarrollo que debe adoptarse.
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