El Ciudadano
La Plataforma de Derechos Humanos y Empresas expresó su más «enérgica condena» frente a la que calificaron como «campaña de hostigamiento y amedrentamiento» dirigida contra Ecoceanos y Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas, así como contra personas defensoras de derechos humanos, a raíz de las denuncias sobre la situación de los derechos laborales en los sectores exportadores.
Recordemos que el gobierno de EEUU aplicó a Chile un arancel extra de 12,5%, medida adoptada por la Oficina del Representante Comercial de dicho país, bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio.
En palabras simples, Estados Unidos determinó que Chile no posee una prohibición efectiva contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Esto ha causado que distintos actores y sectores políticos, en su mayoría de derecha y pro-gobierno, estén intentando responsabilizar a organizaciones de la sociedad civil por decisiones de política comercial adoptadas por un Estado extranjero, plantearon desde la Plataforma de DDHH y Empresas.
«Más allá de las distintas interpretaciones sobre dichas decisiones, resulta inaceptable que este contexto sea utilizado para estigmatizar, desacreditar o promover ataques contra organizaciones que ejercen mecanismos legítimos de denuncia y participación reconocidos por el derecho nacional e internacional», indicaron en una declaración pública.
«Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en toda democracia. Documentar, investigar, alertar sobre posibles vulneraciones de derechos humanos y recurrir a los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para ello constituye una actividad legítima, protegida por la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos», remarcaron.
En esa línea, recordaron que estos principios forman parte de los compromisos asumidos por Chile en el ámbito internacional y son esenciales para fortalecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas.
«La estigmatización de quienes denuncian vulneraciones de derechos humanos no solo pone en riesgo la seguridad de las organizaciones y de las personas que las integran, sino que también debilita el espacio cívico, desalienta la denuncia de abusos y erosiona las condiciones necesarias para que empresas y Estados puedan prevenir y remediar impactos negativos sobre los derechos humanos», advierte la declaración.
Por todo lo anterior, desde la Plataforma hicieron un llamado «a todas las autoridades, actores políticos, gremiales y empresariales a contribuir a un debate público basado en hechos, evitando declaraciones o acciones que puedan incentivar la hostilidad contra organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, exigimos el cese inmediato de toda campaña de desprestigio, hostigamiento y amedrentamiento contra estas organizaciones».
«Asimismo, instamos al Estado de Chile a cumplir con su deber de garantizar un entorno seguro y propicio para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, adoptando todas las medidas necesarias para prevenir actos de intimidación, investigar las amenazas que se han producido y proteger efectivamente a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos, de conformidad con sus obligaciones internacionales», agregaron.
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