El Ciudadano
En la arista del “Caso Hermosilla”
Tribunal rechaza modificar la prisión preventiva al ex fiscal Guerra, mientras la Fiscalía revela acuerdo para terminar la causa
La defensa solicitó cambiar la medida cautelar, petición a la que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado se allanaron. Sin embargo, los demás querellantes se opusieron. Finalmente la justicia denegó la solicitud. El abogado querellante Mauricio Daza acusa un posible intento de impunidad que buscaría beneficiar a Andrés Chadwick. Todo se definirá en una próxima audiencia fijada para el 7 de octubre.
Ex fiscal regional metropolitano oriente del Ministerio Publico, Manuel Guerra Fuenzalida.
El pasado miércoles 15 de julio se llevó a cabo una audiencia ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que se debatió la solicitud de la defensa para atenuar las medidas cautelares que pesan sobre el ex fiscal Manuel Guerra. Actualmente, Guerra se encuentra formalizado y en prisión preventiva por delitos reiterados de cohecho, violación de secreto y prevaricación, ilícitos que habría cometido en el contexto de sus vínculos con los abogados Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.
Durante la jornada, el argumento más sorpresivo presentado por la defensa fue la revelación de un acuerdo con el Ministerio Público para poner fin a la causa mediante un procedimiento abreviado. Este mecanismo implica que el ex persecutor reconocería como ciertos los hechos imputados a cambio de que la Fiscalía solicite una condena que le permita cumplir su pena en libertad.
Al tomar la palabra, el representante del Ministerio Público no solo ratificó la existencia de dicho pacto, sino que además solicitó que se rebajara la prisión preventiva que cumple Guerra. En la misma línea, el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) accedió a rebajar la medida cautelar y confirmó que esa institución no opone a un acuerdo para finalizar el proceso a través de este juicio abreviado.
Férrea oposición de los querellantes
Frente a este escenario, la parte querellante, representada por el abogado Mauricio Daza, se opuso tajantemente a la modificación de la cautelar. Daza argumentó que no existe ningún elemento nuevo distinto a los que originalmente motivaron la prisión preventiva, requisito legal indispensable para acceder a la solicitud de la defensa. Por el contrario, el abogado recalcó que existen nuevos antecedentes que refuerzan tanto la existencia de los delitos imputados como la participación de Guerra en ellos.
En el mismo sentido, el abogado representante de la Municipalidad de Vitacura se negó al cambio de medidas cautelares, sosteniendo que las últimas declaraciones emitidas por el ex fiscal son contradictorias con los antecedentes que lo incriminan en los delitos donde el municipio figura como víctima. Asimismo, el abogado del querellante Hugo Gutiérrez respaldó esta postura, señalando que es evidente la ausencia de elementos que justifiquen otorgarle la libertad al imputado.
Finalmente, la jueza titular del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya Jiménez, resolvió que no se cumplía con ninguna de las exigencias legales para modificar la prisión preventiva de Manuel Guerra. La magistrada determinó que los antecedentes actuales refuerzan que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, concluyendo que la prisión preventiva sigue siendo la única medida proporcional y necesaria en esta etapa procesal.
Abogado Mauricio Daza. Querellante en el caso “Hermosilla”.
Las críticas al «acuerdo entre cuatro paredes»
A pesar del revés en materia cautelar, el representante del Ministerio Público solicitó acto seguido que se fijara una nueva audiencia para concretar el juicio abreviado pactado con la defensa, la cual quedó programada para el próximo 7 de octubre ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
El abogado Mauricio Daza cuestionó duramente este pacto, advirtiendo que podría tratarse de una maniobra para garantizar la impunidad en delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades.
«Resulta sumamente llamativo que se pretenda concluir la investigación respecto a Guerra mediante un acuerdo que le otorgaría una pena de cinco años, con la posibilidad de cumplirla en libertad», señaló el querellante, recordando que «nos encontramos ante los hechos de corrupción más graves revelados al interior del Ministerio Público».
Daza enfatizó que la propia resolución judicial que decretó la prisión preventiva estableció que, en caso de ir a un juicio oral, Guerra arriesga penas que superan los 10 años de cárcel efectiva. «Esta resolución fue ratificada de forma unánime por la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, al resolver previamente el desafuero de Guerra, denominado en este caso como “querella de capítulos”, tanto la corte de Santiago como la Corte Suprema establecieron de forma unánime y contundente que existen elementos más que suficientes para seguir un caso penal en su contra», explicó el abogado, cuestionando los motivos de la Fiscalía para negociar «a puertas cerradas y entre gallos y medianoche» una pena arreglada, en lugar de buscar una condena ejemplar en un juicio oral.
Andrés Chadwick. Ex ministro del interior del gobierno de Sebastián Piñera.
Según el representante de la parte querellante, una hipótesis plausible para explicar este acuerdo es que se busque replicar el escenario de casos como SQM o Penta. «Al pactar el abreviado, Guerra se asegura un escenario que le permite solicitar cumplir su condena en libertad, mientras la Fiscalía intenta presentar esto ante la opinión pública como un éxito. Sin embargo, la realidad es que la causa quedaría con el único imputado formalizado fuera del proceso y la indagatoria se debilitaría drásticamente respecto a quienes lo sobornaron, marginando a figuras clave como Luis Hermosilla y Andrés Chadwick», advirtió.
En esa línea, Daza denunció que «no solo la fiscalía le otorga un trato preferencial a un ‘ex colega’, sino que se desactiva en la práctica la investigación sobre Chadwick, a quien probablemente muchos desean proteger». Además, apuntó directamente al rol de Eugenio Campos, jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional: «Llama la atención el protagonismo que ha tenido Campos en estas negociaciones, quien sería el principal promotor de este acuerdo, considerando que la persona que se supone está a cargo de la investigación es el fiscal regional de Arica, Mario Carrera. Esto es además llamativo, si se tiene en cuenta que Campos depende directamente del Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien reconoció haber mantenido vínculos cercanos precisamente con Andrés Chadwick».
Luis Hermosilla. Abogado y ex asesor del Ministerio del Interior en el gobierno de Sebastián Piñera
Finalmente, Daza adelantó los próximos pasos de la parte querellante: «Nos opondremos a cualquier salida que implique un término anticipado de la causa sin que se esclarezca a fondo la red de corrupción que operó detrás de los ilícitos de Manuel Guerra, lo que requiere investigar seria y realmente a Hermosilla y Chadwick. No aceptaremos el cuento que, en dicho contexto, una condena remitida para Guerra representaría un éxito histórico, cuando en la práctica esto paraliza la investigación sobre los demás implicados e impide establecer la verdad de todo lo sucedido con la red de corrupción en que participó el ex fiscal, que es finalmente el objetivo mínimo que debe cumplir esta investigación bajo los parámetros propios de un Estado de Derecho en forma».
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