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En los últimos años, el Estado ha crecido y se ha ramificado: han aumentado los ministerios, subsecretarías y servicios públicos. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido necesariamente en una mejor experiencia ni en una mejor evaluación ciudadana.

El Estado puede ser enorme desde la perspectiva de su organización y, al mismo tiempo, insuficiente para quien necesita que funcione. Un Estado que tarda meses en resolver, que pide reiteradamente los mismos antecedentes, que deriva a las personas de una oficina a otra o que no es capaz de explicar quién debe hacerse responsable, no solo genera burocracia: genera frustración y distancia entre las personas y sus instituciones.

La evidencia es clara. De acuerdo con la Encuesta de Confianza de la OCDE 2025, solo un 25,7% de las personas encuestadas declara una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno central, frente a un 40% promedio en los países de la OCDE. En satisfacción con los servicios administrativos, Chile alcanza un 48%, mientras el promedio de la OCDE llega al 68%. Es evidente entonces la necesidad de revisar la arquitectura de nuestro Estado.

Cuando hablamos de reformarlo, existe una tentación evidente: reducir la discusión a cuántos ministerios debe haber, qué cartera debe fusionarse con cuál o cuántas subsecretarías deberían desaparecer. Y si bien esa conversación es necesaria, sería un error creer que ahí termina el problema. Reducir ministerios puede ser una herramienta, pero no es el único objetivo. También lo son eliminar duplicidades, integrar información, simplificar trámites, establecer responsabilidades claras, medir resultados, fortalecer la gestión y reasignar recursos desde aquello que no funciona hacia aquello que sí genera valor público.

Ese es el desafío, ambicioso pero necesario, de la Comisión Asesora Presidencial Nueva Arquitectura del Estado, de la que tengo el honor de formar parte, cuya tarea no puede limitarse a dibujar un nuevo organigrama. Debe preguntarse cómo organizar mejor el Estado para que cada institución tenga un propósito claro, existan responsabilidades definidas y los recursos públicos se traduzcan en mejores resultados para las personas. Esta discusión debe hacerse con evidencia, sentido práctico y disposición a escuchar. Dentro de la Comisión debemos ser capaces de buscar acuerdos transversales, porque una reforma de esta importancia debe mirar más allá de un gobierno.

Esta tarea también requiere escuchar a los funcionarios. Porque modernizar el Estado no significa estar contra quienes trabajan en él. Al contrario, significa entregarles mejores herramientas, responsabilidades claras y una organización que les permita cumplir mejor su función.

La meta no debiera ser un guarismo, sino un Estado que llegue a tiempo, que use bien los recursos que todos los chilenos aportan. Que proteja cuando corresponde, que exija cuando corresponde y que no haga perder tiempo a quien simplemente necesita una respuesta. En definitiva, un Estado que recuerde algo que nunca debió olvidar: su razón de existir no es servirse a sí mismo. Es estar al servicio de las personas.

Por Beatriz Hevia, abogada