Asesor parlamentario y defensa privada de Senador Ossandón: niega uso de recursos públicos

La participación del abogado Ronald Von Der Weth en una causa civil relacionada con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, abrió un debate respecto de los límites entre las funciones de los asesores parlamentarios financiados con recursos públicos y el libre ejercicio profesional que éstos pueden desarrollar de manera paralela.

El tema surgió luego de conocerse antecedentes judiciales que muestran que Von Der Weth intervino como representante de Ossandón en una disputa civil iniciada por el abogado Ricardo Freire Scheel, quien demandó al senador por el cobro de honorarios profesionales derivados de una antigua defensa judicial.

La controversia no radica en la existencia del litigio, sino en determinar si la participación de un asesor parlamentario en la defensa particular de un senador podría generar cuestionamientos desde el punto de vista de la probidad administrativa o del uso de recursos públicos.

La versión del abogado

Consultado por este medio, Ronald Von Der Weth descartó cualquier incompatibilidad entre ambas actividades.

«Mi intervención se realizó exclusivamente en calidad de abogado particular y no en el ejercicio de funciones vinculadas a mi labor de asesor parlamentario externo», señaló.

Asimismo, precisó que nunca mantuvo una relación contractual de asesoría con el senador Ossandón.

«No mantengo ni he mantenido una relación contractual de asesoría con el senador Manuel José Ossandón. Durante el período respectivo presté servicios de asesoría externa para la bancada en materias específicas de seguridad y defensa», afirmó.

Según explicó, dichas labores no incluían representación judicial ni impedían el libre ejercicio de la profesión.

El abogado agregó que su participación en la causa fue «excepcional, puntual y acotada», limitada a actuaciones específicas ante tribunales superiores, tras lo cual presentó su renuncia al patrocinio y poder.

Respecto del financiamiento de la defensa, fue categórico al señalar que ésta se desarrolló «en el marco de una relación profesional de carácter estrictamente privado, sin utilización de recursos públicos, asignaciones parlamentarias ni recursos institucionales de ninguna naturaleza».

Los antecedentes que originan el debate

Los registros públicos del Poder Judicial muestran que Von Der Weth compareció en representación de Ossandón en distintas actuaciones procesales relacionadas con el juicio civil iniciado por Freire Scheel.

Paralelamente, documentos disponibles en los mecanismos de transparencia del Senado dan cuenta de que el abogado prestó servicios de asesoría para la bancada de Renovación Nacional durante parte del período en que se desarrollaron dichas actuaciones.

La coexistencia de ambas circunstancias es la que ha dado origen a cuestionamientos y consultas respecto de una eventual incompatibilidad.

Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución administrativa, judicial o de un organismo fiscalizador que haya determinado la existencia de irregularidades.

¿Existe una incompatibilidad?

Especialistas consultados por este medio sostienen que la respuesta depende de un elemento central: determinar si la representación judicial fue financiada o realizada utilizando recursos públicos asociados a la función parlamentaria.

Una primera interpretación sostiene que los asesores parlamentarios pueden ejercer libremente su profesión fuera de las tareas para las cuales fueron contratados, siempre que exista una separación efectiva entre ambas actividades y no se utilicen recursos financiados por el Estado.

Bajo esta mirada, la actuación de Von Der Weth en una causa privada no constituiría necesariamente una infracción si fue realizada fuera de las funciones contratadas por la bancada y financiada mediante acuerdos profesionales independientes.

Una segunda interpretación plantea que, dada la naturaleza de los recursos públicos involucrados en las asesorías parlamentarias, resulta legítimo examinar si existió algún grado de superposición entre funciones públicas y actividades privadas, especialmente cuando el beneficiario de la representación judicial es un parlamentario perteneciente a la misma colectividad política.

Transparencia y estándares de probidad

El caso vuelve a instalar una discusión recurrente en el Congreso respecto de los estándares de transparencia aplicables a asesores, profesionales externos y personal financiado mediante asignaciones parlamentarias.

Expertos en derecho público señalan que la clave en este tipo de situaciones no es la existencia de relaciones profesionales privadas en sí mismas, sino la capacidad de acreditar una separación clara entre recursos públicos y actividades particulares.

Mientras algunos consideran que los antecedentes conocidos hasta ahora no permiten concluir la existencia de irregularidades, otros estiman que el caso podría servir para fortalecer mecanismos de control y trazabilidad respecto de las funciones efectivamente desarrolladas por asesores externos contratados por las bancadas parlamentarias.

Por ahora, la controversia permanece en el ámbito del debate público y político. La versión entregada por Ronald Von Der Weth descarta cualquier utilización de recursos públicos y sostiene que su participación en la defensa de Manuel José Ossandón correspondió exclusivamente al ejercicio privado de la profesión de abogado, una explicación que probablemente seguirá siendo objeto de análisis por parte de observadores políticos y especialistas en materias de probidad.

Más allá de la respuesta entregada por el abogado a este medio, lo cierto es que no ha acreditado que su defensa se realizó como abogado particular y pagada con recursos privados, sabiendo que ha percibido honorarios, vía asignaciones parlamentarias, de parte de la bancada de RN, donde Ossandón es miembro. Adicionalmente, este medio pudo constatar que el profesional no efectuó una asesoría acotada y puntual, sino que asumió el juicio en la Corte de Apelaciones de San Miguel. De ello dan cuenta, por ejemplo, el recurso de casación, los escritos y alegaciones disponibles en la página web del Poder Judicial.

El Ciudadano

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