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La acción legal se basa en que la resolución del Consejo de Ministros, del 16 de octubre de 2025, fue una "decisión política" que “desechó informes técnicos de organismos como Conaf, que habían planteado complicaciones en el trazado”, de más de 400 kilómetros, distribuido entre las regiones de Maule y Biobío.