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Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad: «El Estado no puede, por decisión política, debilitar las condiciones para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad»

El Ciudadano

A través de una declaración pública, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, junto a varias otras organizaciones de DDHH, expresó su «profundo rechazo y preocupación» ante la decisión del gobierno encabezado por José Antonio Kast, de frenar el proceso de expropiación del sitio de memoria ex Colonia Dignidad.

Para las agrupaciones, lo que se ha anunciado «no es un ajuste administrativo ni una reconsideración técnica: es un acto político regresivo que vulnera obligaciones y compromisos fundamentales del Estado de Chile en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

«Colonia Dignidad fue uno de los principales enclaves de represión, tortura y desaparición forzada en Chile, un espacio donde operó una estructura criminal articulada con organismos del Estado. No estamos hablando de un terreno cualquiera: estamos hablando de un sitio con valor judicial, probatorio e histórico, donde aún es posible encontrar evidencia sobre el destino de personas detenidas desaparecidas», plantearon en la declaración.

En esa línea, reiteraron que la decisión de la administración de Kast «no es neutra. Es una señal clara de que este gobierno está dispuesto a retroceder en políticas de derechos humanos, incluso en aquellos casos donde existe reconocimiento oficial de crímenes de lesa humanidad y procesos judiciales aún en curso».

«Argumento económico inaceptable»

Para las organizaciones, el argumento económico utilizado por el gobierno resulta «inaceptable».

«No existe una base pública transparente que permita sostener las cifras que se han insinuado. Existen tasaciones previas —incluyendo estudios encargados por Alemania a la GIZ, acordados por la Comisión Mixta y antecedentes del propio Estado de Chile — que no han sido debidamente considerados ni contrastados. Invocar el costo, sin transparencia ni rigor técnico, no es más que una excusa para encubrir una decisión política ya tomada», puntualizaron.

En este punto, advirtieron que «lo que está en juego aquí es mucho más que un proceso expropiatorio. Es la credibilidad del Estado frente a las víctimas, frente a la sociedad y frente a la comunidad Internacional. Es la señal que se envía respecto de si los compromisos en derechos humanos son efectivamente políticas de Estado o meras declaraciones sujetas a la voluntad del gobierno de turno».

Asimismo, relevaron que «para las víctimas y sus familias, esta decisión constituye una forma de abandono. Les dice que incluso cuando el Estado reconoce oficialmente los crímenes cometidos, ese reconocimiento puede ser relativizado, postergado o vaciado de contenido. Les dice que la justicia puede esperar».

«Pero», añade la declaración, «hay límites que no pueden cruzarse. El Estado no puede, por decisión política, debilitar las condiciones para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad. No puede desconocer el valor probatorio de un sitio donde existen causas judiciales abiertas. No puede retroceder en obligaciones que derivan del derecho internacional de los derechos humanos».

«Las víctimas y las organizaciones de Derechos Humanos llevamos más de 50 años denunciando lo ocurrido en Colonia Dignidad. Gracias a esa lucha, hoy existe una verdad judicial que ya no admite discusión, y una memoria social no puede ser desmantelada por decreto, aunque se pretenda hacerlo desde el poder», destacaron.

Finalmente, las organizaciones de derechos humanos firmantes reafirmaron su decisión de «seguir avanzando en la recuperación de este espacio como sitio de memoria, en el impulso de las investigaciones judiciales y en la defensa irrestricta del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad».

«Este gobierno podrá intentar retrasar este proceso de recuperación de la ex Colonia Dignidad, podrá obstaculizarlo, pero no podrá detenerlo. La verdad no es reversible. La justicia no es negociable. La memoria no es optativa, porque frente a la impunidad y el negacionismo ¡no hay neutralidad posible!», concluyeron.

Firmaron la declaración las siguientes organizaciones de DDHH:

Centro Cultural 119 Esperanzas
Colectivo 119 de Familiares y Compañeros
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Talca
Agrupación de Familias Campesinas Víctimas de Colonia Dignidad
Centro de Formación Memoria y Futuro
Asociación por los Derechos Humanos Parral
Fundación Ciudadana de Derechos Humanos
Agrupación de ex Presos Políticos de Talca
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

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Marzo 30, 2026 • 2 horas atrás por: ElCiudadano.cl 24 visitas 1945178

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