Madrid, 2 jul (EFE).- Las asociaciones españolas de los sectores del medicamento y la cosmética han denunciado que el nuevo régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) propuesto por la Unión Europea "vulnera el principio de quien contamina paga" y no respeta los principios de proporcionalidad y no discriminación.
La mejora de la calidad de las aguas residuales urbanas se alinea con "nuestro compromiso con la sostenibilidad, la protección del medioambiente y la salud pública", aseguran en un comunicado facilitado este jueves, en el cual apelan tanto a la administración pública europea como a la española para que regulen "de forma correcta" el mecanismo de gestión del agua, del cual "depende directamente el futuro de este recurso fundamental".
Sin embargo, cuestionan la manera de desarrollar la Directiva comunitaria 2024/3019 que entró en vigor en enero de 2025 con el objetivo de modernizar las estaciones depuradoras de aguas residuales para combatir de forma más eficaz la microcontaminación y que, en el caso de España, de momento se ha traducido en una consulta pública previa al Anteproyecto de Ley para trasponer a la legislación española.
Las asociaciones afirman que, "tal como está planteado" el RAP, la Directiva europea "introduce un nivel elevado de incertidumbre regulatoria, técnica y económica" que dificulta "anticipar el impacto real" sobre las compañías del sector y recuredan que otros países europeos como Polonia o Irlanda ya se han manifestado en el mismo sentido.
A raíz de la nueva normativa, las asociaciones encargaron un informe en cuyas conclusiones acusan a Bruselas de vulnerar el principio de que quien contamina paga y actuar en contra de los principios de proporcionalidad y no discriminación debido a sus "relevantes limitaciones metodológicas", la falta de "evidencia empírica sólida", el uso de "modelos sesgados", la ausencia de "datos completos sobre contribuciones reales" y la dificultad para "acreditar un vínculo causal suficiente".
El documento subraya las incertidumbres generadas por el ejecutivo de Von der Leyen para determinar con precisión la aplicación de los criterios de exención así como el alcance real de las obligaciones y sus costes estimados que, en consecuencia, "se mueven en un rango muy amplio, desde los 134 a los 346 millones de euros al año en proyecciones a 20 años" por lo que defiende posponer la aplicación del RAP "hasta que haya respuesta a estas incertidumbres".
Además, "España parte de una situación de incumplimientos relevantes en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas" que se ha materializado en forma de sucesivas condenas por parte del Tribunal de Justicia de la UE, ya que los tratamientos primario y secundario "son generalizados" pero el terciario "es limitado" y el cuaternario "se concentra en experiencias piloto, en un número muy reducido de plantas".
Por ello cuestiona la exigencia de contribuciones por costes operativos hasta que todas las instalaciones "estén efectivamente operativas" en los distintos tratamientos y "se haya certificado su funcionamiento, rendimiento y coste neto eficiente".
También aconseja una transposición "prudente y jurídicamente cautelosa" que se ajuste "estrictamente" al marco obligatorio de la Directiva para evitar sobrecostes injustificados y garantizar una financiación equilibrada.
Las organizaciones firmantes del comunicado son siete: Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelmhu), Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Asociación Española de Bioempresas (AseBio), Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). EFE
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