El Ciudadano
Reforma a Ley Indígena enfrenta interés de forestales y fuerte rechazo de comunidades
La propuesta anunciada por el Presidente José Antonio Kast para modificar la Ley Indígena y permitir arriendos e hipotecas sobre tierras indígenas ha abierto un debate que enfrenta visiones económicas y territoriales antagónicas, sobre tierras de los pueblos indígenas en Chile.
Según informó Radio Sago, la Asociación de Contratistas Forestales de Chile (Acoforag) sostiene que la medida podría reincorporar entre 130 mil y 150 mil hectáreas al circuito productivo de la Macrozona Sur, modelo altamente cuestionado por sus impactos sociales y ambientales, incluído la grave crisis hídrica en zonas de alta concentración de monocultivos forestales.
Contratistas forestales proyectan reactivar hasta 150 mil hectáreas
De acuerdo con la publicación, el gremio afirma que de las aproximadamente 260 mil a 270 mil hectáreas transferidas por el Estado a comunidades indígenas durante las últimas décadas, cerca de la mitad se encontraría en situación de abandono o con escasa actividad económica. El gerente de Acoforag, René Muñoz, aseguró que “el 50% a lo menos está abandonada. Se le entregaron, sacaron lo que había y ahí quedó”.
Desde el gremio forestal sostienen que el actual régimen de propiedad comunitaria dificulta inversiones individuales. Muñoz argumentó que “si algún comunero quiere invertir (…) él por sí solo no puede ir a un banco, pedir un crédito o arrendar esa tierra”, planteando que la flexibilización de la normativa permitiría acceder a financiamiento, nuevas tecnologías y contratos de arriendo.
Según Acoforag, la reactivación de estas superficies podría beneficiar actividades agrícolas, ganaderas y también forestales en la zona centro-sur del país. Radio Sago consignó que el sector visualiza una oportunidad para reincorporar extensas áreas al desarrollo productivo, siempre que el proceso considere las consultas indígenas exigidas por el Convenio 169 de la OIT.
La posición del gremio ha sido observada por diversas organizaciones como una muestra de los sectores económicos que podrían verse favorecidos con la reforma. El debate adquiere especial relevancia debido a que parte de las tierras potencialmente incorporables al mercado podrían destinarse al negocio forestal, actividad que históricamente ha sido cuestionada por numerosas comunidades mapuche debido a sus impactos territoriales, ambientales y sobre las fuentes de agua.
Comunidades advierten riesgos de despojo y mercantilización de la tierra
Sin embargo, desde los territorios las reacciones han sido mayoritariamente de rechazo. Según publicó El Ciudadano, comunidades mapuche de Ercilla y Collipulli denunciaron que la reforma podría abrir nuevas formas de despojo territorial. En una declaración pública afirmaron: “Para nuestro pueblo, la tierra no es una mercancía: es base material, espiritual, cultural y comunitaria de nuestra existencia. Debilitar su protección legal abre la puerta a nuevas formas de despojo, endeudamiento, división interna y pérdida de derechos adquiridos por las comunidades”.
Las mismas comunidades también cuestionaron cualquier debilitamiento de los mecanismos de restitución territorial y consulta indígena. En su declaración sostuvieron que “la reparación territorial no puede quedar sometida al cálculo político ni a la voluntad de los gobiernos de turno” y advirtieron que “ningún proceso de consulta será legítimo si excluye a comunidades, autoridades o dirigentes por su pensamiento político, por su defensa territorial o por no someterse a la obediencia institucional”.
Críticas apuntan al mercado de tierras y al modelo forestal
El rechazo también fue expresado por el dirigente mapuche Danko Mariman, de la coordinación Txawun Temuko. Citado por El Ciudadano, señaló: “Otra vez los winka quieren decidir sobre el territorio mapuche”, agregando que existiría un intento de incorporar los territorios indígenas a las lógicas del mercado. Asimismo, remarcó que “La tierra, el territorio es la base material para el desarrollo del mapuche mogen. No se deje engañar”.
La abogada mapuche y defensora de derechos humanos Natividad Llanquileo también cuestionó la iniciativa. Según El Ciudadano, advirtió que “Atentar con ello es atentar contra la vida. No podemos permitir que vuelvan a despojarnos de lo poco que nos queda. Vender o hipotecar la tierra, no solo nos empobrece, sino que termina con la existencia de nuestras costumbres y tradiciones”. Asimismo sostuvo: “Ojalá que cuando abramos los ojos, nosotros no nos quedemos con las metáforas y ellos con lo poco que nos queda”.
A las críticas se sumaron representantes del Pueblo Colla, la Red de Mujeres Mapuche y la diputada Ericka Ñanco. Cindy Quevedo, presidenta del Consejo Nacional del Pueblo Colla, afirmó que “Las tierras indígenas no se venden, no se hipotecan y no se negocian. Son parte de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro”. Por su parte, la Red de Mujeres Mapuche preguntó: “¿Debe el Estado eliminar las protecciones que fueron creadas precisamente para evitar nuevos procesos de despojo territorial?”, mientras la diputada Ñanco sostuvo que “Las tierras indígenas no son simplemente un activo económico; tienen un valor cultural, histórico y colectivo” y que cualquier discusión sobre la materia “debe construirse junto a las comunidades y no sobre ellas”.
La entrada Asoman intereses detrás de anuncio gubernamental por modificar ley sobre tierras indígenas: Contratistas forestales proyectan “150 mil hectáreas para fines productivos” se publicó primero en El Ciudadano.
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