Ataque de EEUU a Irán y la quiebra definitiva del orden internacional

Ataque de EEUU a Irán y la quiebra definitiva del orden internacional

El 22 de junio de 2025, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes en un ataque coordinado con Israel que puso fin a cualquier ficción sobre la naturaleza del orden internacional. Los tres complejos atacados estaban bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y no existía indicio alguno de que Irán estuviese desviando su programa nuclear hacia fines militares. El sistema legal internacional ha sido moldeado para servir a los intereses del poder. El régimen de no proliferación, que impone férreas restricciones a países del Sur Global mientras permite a las potencias nucleares mantener sus arsenales sin compromiso serio de desarme.

Xavier Villar. Analista. “HispanTV”. 22/6/2025. Lejos de constituir una acción aislada o reactiva, el bombardeo coronó una campaña sostenida de presión que, bajo el disfraz de la diplomacia, encubría una estrategia de asfixia y provocación. Al igual que la guerra iniciada por Israel el 13 de junio, el ataque estadounidense careció de justificación legal o estratégica legítima. Fue, por todas sus características, un acto de agresión planificado y no provocado.

La ofensiva, que concentró un poder destructivo inédito sobre las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahan, no solo violó el principio de soberanía consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, sino que también quebró de forma flagrante el régimen de no proliferación nuclear. Los tres complejos atacados estaban bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y no existía indicio alguno de que Irán estuviese desviando su programa nuclear hacia fines militares. Aun así, Washington y Tel Aviv decidieron actuar unilateralmente, erosionando no solo la legalidad internacional, sino los últimos vestigios de confianza en los mecanismos multilaterales.

Una agresión anunciada

Para quienes han seguido de cerca el expediente iraní, la ofensiva no fue una sorpresa. Desde hace meses, Estados Unidos había incrementado su retórica sobre la “amenaza iraní”, a pesar de que la propia AIEA confirmaba el carácter pacífico del programa nuclear. La diplomacia estadounidense, presentada como un esfuerzo para evitar la escalada, ha demostrado ser -en retrospectiva- una operación calculada de dilación. Cada ronda de negociaciones, cada gesto de aparente distensión, no fue más que una táctica para ganar tiempo mientras se perfilaba el ataque.

La coordinación entre Washington y Tel Aviv ha sido evidente desde el inicio. Las operaciones israelíes del 13 de junio, que marcaron el inicio de una nueva fase de hostilidades contra Irán, sirvieron como globo sonda para medir la capacidad de respuesta iraní y preparar el terreno para la intervención estadounidense. La narrativa de “respuesta legítima” construida desde ambos gobiernos es tan previsible como cínica: las potencias nucleares actúan como jueces, fiscales y verdugos en un escenario global que ellas mismas han diseñado.

La instrumentalización del derecho

El derecho internacional prohíbe expresamente el uso de la fuerza salvo en legítima defensa ante un ataque armado o mediante resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de estas condiciones se cumplió. Lo ocurrido no es una excepción, sino parte de un patrón histórico de uso instrumental del derecho por parte de las potencias hegemónicas. En ese marco, las normas no son universales, sino maleables: se aplican con rigor a los enemigos y se ignoran cuando afectan a los aliados o a uno mismo.

El sistema legal internacional ha sido moldeado, desde sus inicios, para servir a los intereses del poder. El régimen de no proliferación, que impone férreas restricciones a países del Sur Global mientras permite a las potencias nucleares mantener sus arsenales sin compromiso serio de desarme, es una de las expresiones más evidentes de esta asimetría. La clasificación de Estados en categorías morales —democracias responsables frente a regímenes peligrosos— habilita una legalidad diferencial, una lógica neocolonial que reproduce el viejo orden imperial con nuevos lenguajes.

El orden que se desintegra

Los ataques contra Irán no solo han quebrado principios fundamentales del derecho internacional; también han acelerado la crisis estructural del orden global. El Tratado de No Proliferación (TNP), pilar central del sistema de seguridad colectiva, ha sido vaciado de contenido. Si cumplir con las inspecciones de la AIEA no protege a un Estado de los ataques, ¿qué incentivo queda para respetar las normas?

Las consecuencias son profundas:

• Deslegitimación del TNP: La agresión demuestra que adherirse al tratado no garantiza protección ni reconocimiento.
• Incentivos para la disuasión nuclear: Frente a una legalidad sin garantías, el desarrollo de capacidades disuasivas se vuelve una opción racional para los Estados del Sur Global.
• Erosión del multilateralismo: Las acciones unilaterales sustituyen los mecanismos institucionales, convirtiendo la seguridad internacional en un juego de poder sin reglas.

El derecho como tecnología imperial

El derecho internacional contemporáneo sigue anclado en una arquitectura colonial. Sus instituciones, lenguaje y mecanismos de validación responden a las lógicas de poder surgidas tras la Segunda Guerra Mundial y consolidadas durante la Guerra Fría. En esta estructura, el Sur Global no solo es vigilado, sino también definido por otros: su legalidad, su racionalidad y sus márgenes de acción están sujetos al juicio de las potencias occidentales.

La clasificación de Irán como un “peligro” o “desestabilizador” no nace de hechos verificables, sino de un dispositivo discursivo que lo inscribe en la figura del Otro incontrolable. Frente a esta matriz, la respuesta iraní -contenida, estratégica y legalmente argumentada- no solo rompe con los estereotipos impuestos, sino que también evidencia que la verdadera amenaza al orden mundial no proviene de los márgenes, sino del centro.

Irán responde: legalidad y resistencia

Pese a la brutalidad del ataque, Irán ha optado por una respuesta calculada. Como señalaron fuentes gubernamentales, las instalaciones clave habían sido evacuadas días antes, ante la creciente sospecha de una inminente agresión. Este hecho confirma que Teherán no fue sorprendido, sino que actuó con previsión y responsabilidad, evitando escalar el conflicto más allá de lo que exige el derecho a la autodefensa consagrado en la Carta de la ONU.

Pero más allá de la dimensión militar, la respuesta iraní apunta a un frente más profundo: la batalla por la legitimidad. Al denunciar la agresión ante instancias internacionales y al invocar principios jurídicos universales, Irán desplaza el debate desde el terreno de la fuerza al de la justicia. La posibilidad, mencionada por analistas iraníes, de cerrar el estrecho de Ormuz no debe entenderse como una amenaza irracional, sino como una contramedida legítima frente a la violación de su soberanía.

Desde la perspectiva de un Sur Global históricamente vulnerado, este tipo de respuestas representan un acto de dignidad política. No se trata de romper las reglas, sino de desenmascarar su carácter arbitrario. La violencia, como muestran los ataques de Estados Unidos e Israel, no es un accidente del sistema, sino una de sus condiciones estructurales.

Conclusión: el espejismo de la legalidad

El ataque a Irán no debe analizarse en términos de proporcionalidad o táctica, sino como expresión de una lógica más profunda: la de un sistema internacional que ha perdido toda capacidad de arbitrar entre sus miembros de forma justa. La intervención estadounidense, lejos de ser una acción desesperada, fue una decisión consciente y premeditada, sustentada en la convicción de que la fuerza sigue siendo el lenguaje último de la política global.

Mientras Washington y Tel Aviv actúen con impunidad, y mientras el derecho siga siendo una herramienta de los fuertes, la seguridad internacional no será más que un espejismo. La única vía hacia un orden global verdaderamente equitativo pasa por desmantelar las estructuras coloniales del derecho internacional y reemplazarlas por marcos jurídicos inclusivos, que reflejen no solo los intereses de los poderosos, sino también la dignidad de los pueblos históricamente silenciados.

 

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