El senador brasileño Esperidião Amin, autor del proyecto de ley que busca reducir las condenas de los implicados en el intento de golpe de Estado de 2023 —entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro—, admitió que la iniciativa no será aprobada en el Senado si no se introducen modificaciones sustantivas al texto que ya fue despachado por la Cámara de Diputados.
Amin explicó que la redacción actual del proyecto podría beneficiar a personas condenadas por delitos que no guardan relación con los hechos violentos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. “El proyecto de ley abarca otros tipos de delitos, desde corrupción hasta explotación sexual”, señaló en una entrevista con GloboNews.
“Estoy seguro de que ningún senador votará a favor”, reconoció el legislador del conservador partido Progresistas. “Tristemente, el texto que vino de la Cámara, en teoría para reducir la pena del expresidente Bolsonaro, en verdad abarca otro tipo de delitos”, agregó.
Según detalló Amin, la iniciativa podría favorecer a condenados por explotación sexual, proxenetismo, coacciones u organización criminal, lo que —a su juicio— hace del actual articulado “un desafío a la creatividad” si se busca corregirlo sin que el proyecto deba regresar a la Cámara Baja para un nuevo debate.
Pese a ello, el senador insistió en que las condenas impuestas a los involucrados en la trama golpista son “muy severas y desequilibradas”. En el caso de Jair Bolsonaro, la pena asciende a 27 años y tres meses de prisión, de los cuales siete deben cumplirse en régimen cerrado. Actualmente, el exmandatario se encuentra recluido en una celda especial en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.
Bolsonaro había solicitado cumplir la condena bajo arresto domiciliario, pero fue trasladado a este recinto tras intentar retirarse la tobillera electrónica. La celda, de aproximadamente doce metros cuadrados, cuenta con cama individual, aire acondicionado, nevera, baño y televisión, y fue recientemente remodelada.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados surge como una alternativa a una ley de amnistía que buscaba reducir drásticamente las penas por golpismo y desórdenes públicos. De prosperar, la condena de Bolsonaro en régimen cerrado se reduciría de siete años a poco más de dos años.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitó pronunciarse en detalle sobre la iniciativa, aunque fue enfático en señalar que Bolsonaro “tiene que pagar por su intento de destruir la democracia”. Añadió que evaluará el texto en caso de que finalmente llegue a su despacho.
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