|  LaTercera.com |  Noticias

Que ningún niño menor de cuatro años deba vivir en una residencia cuando existe una alternativa familiar es un horizonte que compartimos. La evidencia es inequívoca. Pero entre esa meta y la realidad hay una distancia que no podemos ignorar. Valoramos que el gobierno haya asumido este desafío con estrategia y voluntad, las residencias deben ser la última opción. Tenemos que caminar hacia una cultura de acogimiento familiar, ampliar la oferta de programas con familias externas y responder a las necesidades reales de los niños, niñas y adolescentes. Como residencias queremos contribuir a avanzar en ese sentido.

Mientras nos acercamos a ello hay una conversación impostergable. En los últimos dos años cerraron más de 40 residencias por problemas de financiamiento: según un estudio encargado por el Servicio de Protección a la Universidad de Chile, el aporte estatal cubre solo el 70% de los costos de atención por niño. Esa brecha hace inviable la continuidad de muchos proyectos. El escenario se agrava con el ajuste presupuestario del Ministerio de Desarrollo Social, donde el Servicio concentra el mayor recorte, con una rebaja de $12.748 millones, equivalente al 39%. El efecto, un círculo vicioso: menos residencias, más licitaciones desiertas y espacios que funcionan con modelos de intervención antiguos y recursos insuficientes, sin opción real de mejora. Entre 2019 y 2024, se perdieron más de 1.400 plazas, mientras la demanda no bajó.

El resultado, según el Informe de IdeaPaís (2026): una de cada dos residencias tiene sobrecupo. Eso se traduce en atención menos personalizada, convivencia tensionada y el debilitamiento de lo que justificó el rediseño del sistema: un entorno más pequeño y estable, como una familia. A eso se suma el desgaste de los equipos, expuestos a crisis generadas por problemas de salud mental, consumo o conductas transgresoras.

Y las residencias lo enfrentan muy solas. La mayoría de los niños tiene diagnóstico de salud mental, pero la atención especializada no alcanza. Salud, educación, justicia, que deberían ser corresponsables, no están y las residencias asumen esos vacíos con recursos insuficientes.

Según datos de abril, 638 niños menores de cuatro años viven en residencias esperando una familia de acogida. Para que eso cambie necesitamos un plan de transición gradual, ordenado y realista. Avanzar a una cultura de acogimiento familiar es clave, pero no puede significar desmantelar el sistema residencial sin una oferta suficiente de familias de acogida. Reunificar familias, declarar susceptibilidades de adopción, ampliar programas de acogimiento y acompañar a las familias supone tiempo y recursos. Y requiere reconocer que el acogimiento familiar no es una solución universal. Hermanos que no pueden separarse, niños con enfermedades crónicas, hijos de madres privadas de libertad: necesitan rutas diferenciadas.

El desafío es contar con residencias más especializadas y perfiles de atención diferenciados. Un niño que requiere protección no necesita lo mismo que un adolescente con consumo. Una primera etapa razonable es transitar hacia modelos integrados: residencias articuladas con programas de familias de acogida, priorizando el cuidado familiar en la medida en que exista una red preparada.

Se requiere realismo, responsabilidad, financiamiento, un Estado corresponsable y una hoja de ruta que garantice una alternativa real de protección para cada niño que lo requiera. Transformar el sistema es urgente y necesario, pero hacerlo bien exige no dejar a nadie atrás.

Por Teresa Izquierdo, Coordinación Mesa de Residencias