El Ciudadano
La usura es ilegal en algunos lugares del mundo pero en Chile no, no obstante la “usura sobre usura” puede serlo si Fiscalía pone atajo a una práctica en el sector Fintech que atentaría contra lo que establece la legislación chilena y de la que Avla y Creditú son el ejemplo más documentado.
Por Equipo de Investigación El Ciudadano
A más de un año de que se conocieran las primeras denuncias por presunta usura encubierta en el otorgamiento de créditos, las empresas AVLA y su fintech asociada Creditú continúan operando en el sistema financiero chileno sin sanciones penales visibles, mientras en el Ministerio Público aún evalúan la importancia del caso.
El reportaje original publicado por El Ciudadano expuso un modelo que, según querellas presentadas por afectados, habría permitido elevar el costo real de los préstamos por sobre los límites legales mediante cargos paralelos -como “gastos operacionales” o seguros- que no serían transparentados como interés. Con el paso del tiempo, nuevos antecedentes judiciales y testimonios han reforzado la tesis de un esquema estructurado para eludir la Tasa Máxima Convencional.
En Chile, la Tasa Máxima Convencional (TMC) está regulada por la Ley N° 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero y corresponde al límite máximo de interés que se puede cobrar legalmente en un crédito. Esta tasa es determinada y publicada periódicamente por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), diferenciando según tipo de operación, monto y plazo del crédito. La TMC se calcula a partir de las tasas promedio del mercado, incrementadas en un margen permitido por la ley, y su finalidad es proteger a los consumidores frente a cobros excesivos o usurarios. Cualquier interés que supere este límite se considera ilegal, pudiendo dar lugar a la reducción del cobro al máximo permitido, la restitución de lo pagado en exceso e incluso responsabilidades penales en casos de usura.
Si una fintech incorpora cobros por seguros u otros instrumentos que, en la práctica, elevan el costo total del crédito por sobre la Tasa Máxima Convencional, “no está “innovando” financieramente, lo que hace es estar bordeando o vulnerando la ley”, dice a El Ciudadano un programador de sistemas de pago que conoce del sector.
Jurídicamente, esos cargos pueden ser recalificados como interés encubierto si son obligatorios, desproporcionados o no corresponden a servicios reales, lo que implica que el crédito excede el límite legal permitido. En ese escenario, la conducta puede configurar usura (o al menos un intento de eludir la normativa sobre intereses), con consecuencias como nulidad de cláusulas, recálculo de la deuda, restitución de cobros indebidos y, en casos graves, eventuales responsabilidades penales.
Un patrón reiterado: retenciones y sobrecostos encubiertos
Investigaciones posteriores han profundizado en el funcionamiento de este mecanismo. De acuerdo con nuevas querellas, el modelo consistiría en retener parte significativa del crédito al momento de su firma bajo el concepto de “gastos operacionales”, reduciendo el monto efectivo recibido por el cliente, pero manteniendo la obligación de pagar sobre el total originalmente pactado.
Un caso citado en investigaciones judiciales, es el relacionado a la querella presentada por Jorge Zacarías Flores que revela que, de un crédito cercano a 24.000 UF, la empresa habría retenido más de 3.500 UF por este concepto, lo que -según el abogado querellante Winfried Hempel- constituiría una forma indirecta de cobrar intereses por sobre el límite legal. Según informó Interferencia, este tipo de prácticas se repite en distintas querellas que hoy forman parte de la investigación del Ministerio Público.
Asimismo, según informó Interferencia, este mecanismo no sería aislado, sino parte de una estructura financiera que involucraría tanto a AVLA como a Creditú, permitiendo “ocultar intereses ilegales” mediante cobros accesorios diseñados para evadir la regulación vigente.
Consultado por El Ciudadano, un ex magistrado a quien solicitamos pueda aventurar sentencia y que prefiere mantenerse en reserva, señala: “conforme a los antecedentes que em han expuesto, se ha denunciado la existencia de operaciones de crédito en que, bajo la apariencia de “gastos operacionales”, seguros y otros cargos accesorios, se habría incrementado el costo real del financiamiento por sobre los límites establecidos en la Ley N° 18.010; y considerando que, de acuerdo con el principio de primacía de la realidad económica, corresponde atender a la naturaleza efectiva de los cobros más allá de su denominación contractual, este sentenciador estima que, cuando dichos cargos constituyen condiciones necesarias para el otorgamiento del crédito y no responden a servicios reales, proporcionales y debidamente acreditados, deben ser calificados como intereses para efectos legales.
Que, en tal sentido, si se verifica que el monto efectivamente entregado al deudor resulta inferior al capital sobre el cual se calculan los pagos, producto de retenciones o cargos iniciales, y que sobre dicho capital nominal se aplican intereses y obligaciones de pago, se configura un aumento del costo financiero total que puede implicar la superación de la Tasa Máxima Convencional. Asimismo, la imposición de seguros u otros productos asociados, especialmente cuando estos se encuentran vinculados a entidades relacionadas o presentan valores desproporcionados, constituye un indicio adicional de estructuración destinada a eludir la normativa imperativa en materia de intereses.
Por estas consideraciones, y de acreditarse los hechos, se concluye que el mecanismo descrito resulta contrario a la legislación chilena sobre operaciones de crédito de dinero, en cuanto configura una forma de interés encubierto que excede los límites legales. En consecuencia, correspondería declarar la nulidad de las cláusulas abusivas, ordenar el recálculo de las obligaciones conforme a derecho, con restitución de las sumas indebidamente percibidas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren derivarse.”, expresó el letrado y ex juez adelantando un fallo ante el que se tendrían que reintegrar varios millones de pesos a los afectados, y quizá traería un des
Testimonios: deudas que se multiplican
Las denuncias no solo apuntan a aspectos técnicos del crédito, sino también a consecuencias concretas para los clientes. Diversos testimonios recogidos en causas judiciales describen cómo deudas iniciales se habrían triplicado con el tiempo.
Estas situaciones han dado origen a querellas por estafa, usura y apropiación indebida reiterada, configurando un escenario judicial complejo que se arrastra desde al menos 2019 y que, hasta hoy, sigue sin resolución definitiva.
Uno de los elementos más relevantes en la evolución del caso es el avance de la Fiscalía hacia la eventual formalización de representantes de la empresa. Según informó Interferencia, el Ministerio Público se encuentra en condiciones de formalizar al representante legal de AVLA por el delito de estafa, lo que marca un punto de inflexión en la investigación.
Otro aspecto clave que ha emergido con fuerza en las querellas es el uso de seguros y pólizas como mecanismos para incrementar el costo del crédito. Testimonios recogidos en las investigaciones apuntan a que estos instrumentos funcionarían, en la práctica, como comisiones encubiertas.
Consultado por El Ciudadano, el abogado Roberto Vergara, describe de manera ejemplificadora el mecanismo “Imagínese que va a pedir un crédito hipotecario y el banco le dice que la tasa de interés es 6,4% anual – justo bajo el límite legal, que en ese momento era 6,45%. Hasta ahí todo normal.
Pero al momento de recibir el dinero, descubre que del total que le ‘prestaron’, usted nunca vio una parte importante. Esa plata fue directamente a pagar facturas emitidas por empresas relacionadas con el mismo prestamista: una por ‘gastos de estudio del crédito’ y otra por ‘comisión de intermediación de seguro’. Montos que en los casos que estamos investigando superan los cien millones de pesos por operación.
El problema es doble. Primero, la ley chilena establece taxativamente qué gastos puede cobrar una mutuaria hipotecaria al deudor, y esos conceptos no están en la lista. Segundo, si sumamos esos cobros al interés declarado, la tasa real que pagó el deudor supera el doble del límite legal -en algunos casos llega al 14% anual cuando el máximo convencional era 6,45%.
¿Por qué funciona el esquema? Porque en el papel la tasa de interés aparece legal. Lo que se oculta es que parte importante del dinero ‘prestado’ nunca llegó al cliente: se desvió hacia empresas del mismo grupo a través de facturas por servicios que, según la investigación, no habrían sido efectivamente prestados. Es decir, el cliente paga intereses sobre plata que nunca recibió y además financia con ese mismo dinero cobros que la ley no autoriza.” detalla.
Además el abogado agrega el antecedente de que “la Comisión para el Mercado Financiero ya sancionó a esta misma empresa en 2022 por cobrar tasas sobre el límite legal. Lo que la investigación penal busca establecer ahora es si la modalidad posterior —-disfrazar esos cobros como gastos operacionales- constituye el delito de usura en su forma agravada, que es precisamente cuando se simula que se presta a tasa legal”.
Dentro de las cientos de querellas en contra de AVLA y sus responsables, destacan: los delitos de “usura previsto y sancionado por el artículo 472 inc.1 del Código Penal, el de Estafa residual previsto y sancionado en el artículo 473 del Código Penal, la Apropiación indebida previsto y sancionado por el artículo 470 del Código Penal, Asociación Ilícita previsto y sancionado por el artículo 292 del Código Penal y Lavado de Activos previsto y sancionado por el artículo 27 de la ley 19.131”, detalla el documento de uno de los abogados querellantes, Winfried Hempel.
Según ha informado El Mostrador, “los créditos de Creditú no se ofrecen con recursos propios, sino que utilizan fondos provenientes de aportantes de diferentes fondos de inversión, entre ellos, Fynsa, Volcom, BICE Vida, Sartor y Consorcio, entre otros. También el Banco Interamericano de Desarrollo”.
¿Qué es AVLA? Propiedad, redes y vínculos
AVLA es un grupo financiero chileno enfocado en garantías y soluciones crediticias, con presencia en distintos mercados de América Latina. En los últimos años ha expandido su operación hacia productos financieros más complejos, incluyendo plataformas como Creditú.
En su estructura destacan Diego Fleischmann Chadwick y Matías Fleischmann Chadwick, considerados parte clave del desarrollo de AVLA y Creditú. Ambos son hijos de María Carolina Chadwick Piñera, prima hermana del expresidente Sebastián Piñera, y sobrinos del exministro Andrés Chadwick, figura política relevante y vinculada al denominado “Caso Hermosilla”.
Estos vínculos familiares han sido objeto de atención en el debate público, no solo por la cercanía con círculos de poder político, sino también por el contexto en que se desarrollan las investigaciones sobre las prácticas crediticias denunciadas.
El caso AVLA–Creditú ha reabierto el debate sobre las zonas grises del sistema financiero chileno. Aunque las tasas de interés podrían cumplir formalmente con la normativa, la estructura de cobros paralelos permitiría alterar el costo real del crédito sin infringir explícitamente la ley en su forma, pero sí en su fondo.
Esta situación ha puesto en cuestión la capacidad de supervisión y fiscalización del sistema, así como la efectividad de la legislación vigente para proteger a los consumidores frente a esquemas financieros complejos.
Pese a la acumulación de querellas, testimonios y avances investigativos -incluida la inminente formalización de ejecutivos-, las empresas continúan operando sin sanciones visibles, mientras cientos de familias siguen enfrentando procesos judiciales, embargos o deudas crecientes.
El caso, lejos de cerrarse, se ha consolidado como uno de los ejemplos más relevantes de presunta usura sobre usura estructurada en Chile, donde la sofisticación de los instrumentos financieros parece ir un paso adelante de la regulación y la justicia.
Por Equipo de Investigación El Ciudadano
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