El Ciudadano
«Ayer borré todo por si me quitaban el teléfono», afirmó la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en una conversación por WhatsApp en la que reconoció que eliminó información clave del dispositivo electrónico en la víspera de su detención que se llevó a cabo el pasado 25 de enero.
Así lo reveló un informe de Carabineros de 449 páginas que fue incorporado a la investigación de la denominada «trama bielorrusa«, en la que está imputada por cohecho reiterado y lavado de activos.
El documento al que tuvo acceso La Tercera fue entregado el jueves 3 de septiembre al equipo que está a cargo de la investigación, liderado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
El informe N° 2928 concluyó que los días previos a su aprehensión la imputada comenzó un «trasvasije» de documentos vinculados a la causa y borró contenido de su equipo.
El análisis de los diálogos de WhatsApp del teléfono incautado el 25 de enero, permitió determinar que el día 24 de enero Vivanco inició el envío de información a un contacto registrado como «Anvi Martínez», una conducta que de según el informe, «por su cercanía temporal con la detención, resulta compatible con la finalidad de generar un respaldo externo y luego eliminar los antecedentes de su propio dispositivo electrónico».
Los funcionarios policiales reforzaron esta conclusión con las comunicaciones que la exministra sostuvo con una persona del estudio jurídico que entonces ejercía su representación. Destacaron que ella misma habría reconocido haber eliminado información de su celular ante la eventualidad de ser detenida, lo que resulta compatible con una conducta orientada a la eliminación de información potencialmente relevante como evidencia. Además, advirtieron que la eliminación de antecedentes de sus dispositivos telefónicos constituye una «conducta reiterada, identificada en los distintos equipos que le han sido incautados durante la investigación».
El borrado de información quedó registrado en una conversación entre Vivanco y el abogado Carlos Mora, quien la representó al inicio de las pesquisas. En el intercambio, la exministra le solicitó el ebook de la querella de capítulos que le había pedido Valladares, y ante la negativa de Mora a descargarlo en ese formato, le pidió los escritos y resoluciones, incluida la querella y su ampliación. «Así los tengo yo también porque ayer borré todo por si me quitaban el teléfono», escribió Vivanco. Posteriormente, Mora le remitió los antecedentes solicitados.
Al ser consultada sobre este punto, la exministra sostuvo que ella siempre ha borrado los mensajes de sus distintos aparatos. «Es el mínimo cuidado con la privacidad que cada ciudadano puede tener y más aún un abogado», mencionó.
El informe también detalló que en la agenda telefónica del dispositivo incautado la imputada mantiene registrados a los coimputados Carlos Eduardo Lagos Herrera, Víctor Gonzalo Migules Oteiza, María Pía Peñaloza López, Mario Vargas Cociña, Sergio Yáber Lozano y Yamil Najle Alée. Para los policías, guardar un contacto supone, en principio, «reconocerlo como una persona con la que se esperaba o se consideraba posible establecer comunicación«-
Asimismo, señalaron que Vivanco mantiene entre sus contactos a «Pelayo Vial Abogado Najle» y a «Sergio Contreras Abogado Vargas» y que la «concurrencia de ambos contactos, considerados conjuntamente y en el contexto de la causa, viene a reforzar la hipótesis de una vinculación comunicacional con el entorno de los imputados».
Sin embargo, en el análisis realizado al teléfono celular, no se encontraron conversaciones entre Vivanco y los coimputados.
Vivanco y la Muñeca Bielorrusa
El caso conocido como la arista «Muñeca Bielorrusa» dentro de la macro causa «Audio», ha tenido repercusiones en el mundo judicial y resultó en la detención del contador Gonzalo Migueles —esposo Vivanco—, del abogado Eduardo Lagos y de su socio, el abogado Mario Vargas Cociña.
La causa que investiga los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, incluye además a los conservadores de Bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle.
Según el libelo, los imputados habrían participado en una red de pagos irregulares hacia Migueles, a cambio de gestiones de Vivanco en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM), empresa chileno-bielorrusa que prestaba servicios y mantenía una controversia legal con la Corporación Nacional del Cobre (Cocelco) por término anticipado de contrato.
Según los antecedentes, la exministra Vivanco, quien integraba la Tercera Sala de la Corte Suprema, habría participado de una serie de decisiones a favor del consorcio ante la presentación de diferentes recursos de protección, queja y apelación el máximo tribunal del país, realizando actuaciones con infracción a los deberes de su cargo, a cambio de beneficios económicos recibidos por su pareja.
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