SEÑOR DIRECTOR:
El rechazo unánime de la CRUBC de Aysén a las solicitudes de las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain devuelve calma a la industria, pero deja una lección clara: la viabilidad de los proyectos depende también de legitimidad social y territorial.
La paralización de inversiones por casi una década evidencia que la falta de certeza jurídica frena el desarrollo. Para evitar solicitudes desproporcionadas bajo la Ley Lafkenche, urge fortalecer evaluaciones socioambientales y procesos de consulta transparentes.
La participación debe ser un activo estratégico, no un trámite. Solo con relacionamiento claro y documentado la infraestructura podrá generar valor compartido y superar la incertidumbre judicial.
Felipe Martin Cuadrado
Directores ejecutivo
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