Aysén: Rechazan por segunda vez solicitudes de Espacios Costeros de comunidades indígenas, ignorando fallo de la Suprema y propuestas de conciliación

Las comunidades indígenas Antünen Rain y Pu Wapi han denunciado el nuevo rechazo de sus solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), correspondientes a Islas Huichas y Weywen Wapi (Cisnes), por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén.

El pronunciamiento se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2025, menos de un mes después de que la Corte Suprema acogiera los Recursos de Protección presentados por las comunidades, tras la primera votación de rechazo ocurrida en febrero de 2024. El máximo tribunal del país fue enfático al ordenar retrotraer el procedimiento y emitir una resolución debidamente fundada y ajustada a la normativa vigente, advirtiendo que los motivos de rechazo «no pueden ni deben ser meramente económicos».

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Pese al claro mandato judicial de conciliar y proteger los usos consuetudinarios acreditados, la CRUBC de Aysén ha optado nuevamente por la negativa, demostrando un incumplimiento al espíritu de la Ley N°20.249.

Además, la sesión de la CRUBC se realizó a pesar de las intervenciones de varios comisionados (incluido el Delegado Presidencial y los Delegados Provinciales), quienes manifestaron su desacuerdo con la manera en que se estaba realizando la votación o solicitaron el aplazamiento para contar con más antecedentes.

Propuestas de Compatibilización Ignoradas

El nuevo rechazo se produce en un contexto donde las comunidades habían manifestado su activa voluntad de diálogo y compromiso, presentando propuestas de delimitación de los polígonos acreditados por CONADI.

Para el ECMPO Islas Huichas, la comunidad Antünen Rain propuso reducir la superficie acreditada de 393.772.839 há a 214.523 há.
Para el ECMPO Weywen Wapi (Cisnes), la comunidad Pu Wapi propuso una reducción de la superficie acreditada de más de 227.000 há a 105.563 hectáreas.

Las comunidades ingresaron, además, cuatro compromisos iniciales de compatibilización, que demuestran una voluntad de diálogo más profunda con desafectación de concesiones en trámite, reconocimiento y respeto de los derechos de la pesca artesanal, determinación y evaluación de desafectación de áreas con infraestructura pública proyectada, y conformación de una Mesa Técnica Tripartita (servicios públicos, sectores productivos y comunidades).

Estas propuestas, enviadas el 7 de diciembre de 2025, buscaban explícitamente compatibilizar los usos consuetudinarios con otros usos del borde costero, especialmente con la acuicultura de salmones y las Áreas de Manejo (AMERB). Se había solicitado formalmente al Gobernador Regional, Marcelo Santana, la conformación de una instancia de diálogo, solicitud que fue rechazada el 4 de diciembre de 2025, días antes de la votación.

El análisis territorial anexo a las propuestas demostraba que las principales tensiones se centran en las concesiones acuícolas, con 10 concesiones en trámite y 36 con solicitud de relocalización en el caso de Islas Huichas, y 4 concesiones en trámite y 14 con solicitud de relocalización en el caso de Weywen Wapi, dentro de la superficie acreditada. La reducción propuesta buscaba abordar estas sobreposiciones.

Las comunidades lamentan que la CRUBC, que tiene como mandato principal la armonización de los usos en el borde costero , haya ignorado tanto el fallo de la Corte Suprema como sus esfuerzos concretos por un diálogo informado y de buena fe.

“La escala del daño generado al rechazar ECMPOs para favorecer a la industria salmonera está subestimada. La Corte Suprema fue clarísima: el Estado debe respetar los procedimientos legales y derechos de las comunidades. Sin embargo, vemos que el Gobierno Regional no asume ese fallo. Es preocupante porque se supone que las instituciones están para garantizar derechos, no para ignorarlos. Para nosotros, la votación en la CRUBC es un test democrático: muestra si el Estado está dispuesto a cumplir sus propias normas”, afirma Nelson Millatureo, Presidente de la Comunidad Indígena Antünen Rain.

Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano, Felipe Guerra compartió el siguiente análisis desde la perspectiva de los derechos humanos:

«La decisión de la CRUBC de rechazar por segunda vez estos ECMPO es ilegal y constituye un abierto desacato a lo resuelto por la Corte Suprema, que ordenó un pronunciamiento fundado, en estricto apego a la Ley Lafkenche y conciliando los distintos usos del borde costero con su fin protector: resguardar los usos consuetudinarios indígenas. Al ignorar las propuestas de delimitación de las comunidades e insistir en un rechazo infundado, la Comisión repite el mismo vicio ya corregido por la propia Corte».

Las comunidades evaluarán los pasos legales a seguir ante este segundo rechazo, que dilata un proceso que, según la normativa, debió completarse en aproximadamente 6 meses, pero que a la fecha ya supera los siete años.

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