Bassa responde a Kast por humedales: “Hay una estrategia para ridiculizar la protección del medioambiente” funcional a intereses inmobiliarios

El diputado e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Jaime Bassa, respondió a las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien cuestionó la extensión del humedal Rocuant-Andalién al preguntar si el país va a tener “un humedal de 1.500 hectáreas que nadie usa” y planteó que responden al interés del mandatario de existen proteger intereses privados, principalmente vinculados al sector inmobiliario.

«Esto no es ignorancia, aquí hay una estrategia para ridiculizar la protección del medioambiente que es funcional a la protección de intereses privados, principalmente vinculados a las inmobiliarias y aquí no vamos a ceder», afirmó en un video compartido en sus redes sociales.

El origen de la controversia se encuentra en un vacío administrativo que ha dejado en suspenso la protección efectiva de los humedales. Según un oficio del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) fechado el 12 de agosto, mientras no concluya la elaboración del Inventario de Humedales previsto en el artículo 39 de la Ley N° 21.600, no es posible determinar a qué ecosistemas se aplica el régimen de autorización del artículo 41. Esto significa que actualmente no existe un procedimiento administrativo habilitado para tramitar los permisos necesarios para alteraciones físicas en estos terrenos, creando un escenario de incertidumbre jurídica que, según Bassa, abre una ventana para la explotación comercial.

Por tal motivo, anunció que ofició a la Contraloría General de la República al Ministerio del Medio Ambiente y al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), para que se pronuncien sobrelos antecedentes que revelan que actualmente no se estarían tramitando los permisos establecidos en el artículo 41 de la Ley N° 21.600 para determinadas alteraciones físicas de humedales.

El diputado por el distrito 7 fue enfático al desestimar la posibilidad de que las declaraciones del Mandatario sean fruto de la ignorancia. “El Presidente acaba de decir que los humedales son terrenos que nadie usa y yo me resisto a creer que esto sea simplemente un acto de ignorancia. No puede no saber las funciones ambientales fundamentales que cumplen, que el Estado tiene el deber de protegerlos y frente a sus palabras y a los antecedentes que hemos conocido respecto de la aplicación de la Ley N° 21.600, hoy nos manifestamos precisamente para demandar el cumplimiento de las garantías administrativas necesarias para la protección efectiva de los humedales”, afirmó.

El legislador subrayó que la demora en la implementación de la normativa no puede ser un mecanismo que facilite la intervención y explotación inmobiliaria en estos terrenos y, por ello, su oficio exige a las autoridades que informen sobre los plazos y mecanismos transitorios para resguardar estos ecosistemas mientras se completa el inventario.

En su requerimiento, Bassa solicitó a la Contraloría que determine si la decisión del SBAP de no tramitar permisos se ajusta a derecho y si corresponde utilizar transitoriamente el Inventario Nacional de Humedales que ya posee el Ministerio del Medio Ambiente.

«También queremos que el Ministerio y el Servicio expliquen qué están haciendo mientras se implementa el nuevo inventario, porque la protección ambiental no puede quedar suspendida por razones administrativas«, enfatizó.

El parlamentario fue más allá al afirmar que “esto no es ignorancia, aquí hay una estrategia para ridiculizar la protección del medioambiente que es funcional a la protección de intereses privados, principalmente vinculados a las inmobiliarias y aquí no vamos a ceder”, sentenció.

La fiscalización busca, en concreto, que el Ministerio y el SBAP detallen el avance del nuevo instrumento y «precisar qué mecanismos transitorios y medidas de fiscalización se adoptarán para resguardar los humedales mientras se completa este proceso».

El oficio presentado por el diputado Bassa no solo pone el foco en la falta de procedimientos, sino se enmarca en un contexto donde la protección ambiental se ve amenazada por intereses particulares que defiende la administración de Kast.