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Málaga, 16 ene (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que la propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica "se basa en la desigualdad e insolidaridad territorial" y ha señalado que "no es ordinalidad, es una orden del separatismo catalán".

Ha denunciado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado una propuesta que ella sabe que ni va a defender en el Congreso ni va a votar, porque tendrá que dejar el cargo para ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.

"Deja el marrón en las Cortes y se va, en mi tierra eso se llama 'capitán araña', que es el que te embarca y después no se sube", ha ironizado en un desayuno informativo.

Ha emplazado al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a ser "coherente con sus palabras" y, si ha dicho que está "manifiestamente en contra", que dé la orden a sus diputados en el Congreso para que voten en contra, porque si lo apoyan todo quedará "en una pose".

Sobre la próxima reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado poco optimista y cree que "no saldrá gran cosa".

Ha explicado que el PP acude a esa reunión porque tiene "el máximo respeto" por la institución, aunque no esté de acuerdo con el presidente, y ha recordado que Feijóo ya avisó a Sánchez en la investidura de que no le buscara cuando sus socios le dejaran "tirado".

Ha emplazado a Sánchez a acudir primero al Congreso y explicar su plan de Defensa, en qué se van a invertir los millones y si llegará al mandato del 5 por ciento de gasto, ya que cree que no solo es un debate "de mandar tropas o no", además cuando no hay plan de paz todavía en Ucrania.

Bendodo ha sido muy crítico con la "inmersión" del poder ejecutivo en el poder judicial y en el legislativo, y ha lamentado que Sánchez "ha dicho que va a gobernar sin el Parlamento".

Ha opinado que "meter la mano en la justicia y gobernar sin el Parlamento" es algo más propio de "dictaduras de otras latitudes latinoamericanas", por lo que es "una agresión por parte del Gobierno a la separación de poderes". EFE