Blumar sostiene, en su réplica al Consejo de Defensa del Estado, que no está debatiendo la constitucionalidad del cambio legal, sino los perjuicios ocasionados. La pesquera pide una indemnización de US$ 216 millones, acusando un cambio de reglas que otorgaba derechos que "estaban protegidos por un acuerdo de fraccionamiento hasta el año 2032".
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