El Ciudadano
El bochorno republicano escala, ya que la concejala de la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía y militante del partido de ultraderecha, Yanela Mabel Flores Cárdenas, quedó con arraigo nacional luego de haber sido formalizada por el delito de hurto cometido en un mall de Coquimbo en medio de un encuentro nacional de ediles.
La autoridad municipal, había sido detenida por Carabineros tras ser acusada de sustraer vestuario y lentes de sol avaluados en $327 mil desde dos locales del Mall Vivo Coquimbo, donde se desarrollaba el Congreso Nacional de Concejales y Concejalas de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
El hecho se registró en el marco del encuentro que convocó a cerca de 800 ediles de todo el país, instancia que buscaba «fortalecer el trabajo de los concejos municipales y proyectar una agenda común desde los territorios». Sin embargo, la agenda quedó en segundo plano tras el procedimiento policial que involucró a una de las representantes de la colectividad que ha hecho del discurso del orden y la seguridad una de sus principales banderas políticas.
Según antecedentes difundidos por medios locales, entre ellos el diario El Día, la concejala fue retenida inicialmente por personal de seguridad del centro comercial, luego de ser acusada de sustraer especies desde las tiendas Ripley y Sunglass. «De acuerdo con la información policial, el procedimiento se originó luego de que personal de seguridad del centro comercial retuviera a una mujer acusada de sustraer diversas especies desde las tiendas Ripley y Sunglass. Después que se completara la revisión de las cámaras de seguridad y las actas respectivas, «la mujer fue trasladada hasta una unidad policial», detalló el medio regional.
Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió dejarla en libertad, con la medida cautelar de arraigo nacional, y fijó en 60 días el plazo para la investigación.
La decisión judicial llegó en medio de un creciente cuestionamiento público, pues no se trata de una ciudadana cualquiera: Flores es concejala de Lumaco y militante del Partido Republicano, colectividad que hoy integra el oficialismo y que en las elecciones municipales de 2024 obtuvo la segunda mayoría en su comuna. Previamente, en 2021, había sido electa como independiente en una lista vinculada a la misma tienda política.
El caso ya instaló un costo político para el Partido Republicano. No es solo una autoridad local acusada de un presunto hurto: es una representante de una colectividad que suele levantar un discurso de mano dura frente al delito. La contradicción es evidente. Mientras el partido insiste en presentarse como garante del orden, una de sus concejalas terminó involucrada en un procedimiento policial en pleno Congreso Nacional de Concejales y Concejalas y señalada de actuar como «mechera» en un centro comercial de Coquimbo. Un escenario que debía ser de debate municipal y proyección territorial y que terminó convertido en un bochorno público.
La investigación deberá establecer los hechos y eventuales responsabilidades, pero el daño a la imagen del partido ya está instalado.
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