El registro de una sobreproducción de hoja de coca en Bolivia, que supera en forma considerable la demanda para usos tradicionales permitidos, constituye el factor principal de preocupación oficial que ha impulsado un cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico. Según detalló El Deber, los datos inéditos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han llevado al gobierno boliviano a replantear sus políticas y reforzar la colaboración con entidades internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. El Ejecutivo boliviano, de acuerdo con El Deber, considera que este fenómeno de expansión de cultivos y desvío a mercados ilícitos requiere de mecanismos coordinados que trasciendan las fronteras nacionales y eviten que organizaciones criminales fortalezcan las cadenas de producción y exportación ilegal de cocaína.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó en conferencia de prensa la puesta en marcha de una nueva estrategia nacional que prioriza el monitoreo reforzado de la producción, el control sobre los destinos de la hoja de coca y el desarrollo de acciones conjuntas con países limítrofes y organismos multilaterales. El Deber reportó que la administración de Bolivia reconoce que la magnitud del tráfico transnacional de cocaína dificulta los esfuerzos unilaterales y amplía la necesidad de asistencia técnica y operativa por parte de especialistas en lucha antidrogas provenientes de la Unión Europea y Naciones Unidas, además de una colaboración policial que ya involucró a Brasil.
El informe de la UNODC advierte que el crecimiento de los cultivos ha introducido cantidades de hoja de coca que sobrepasan por amplio margen la demanda nacional reconocida por la legislación boliviana para prácticas culturales o medicinales, facilitando rutas hacia el comercio ilegal. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, destacó a El Deber el valor de las mediciones y reportes de la UNODC como instrumentos esenciales que permiten dimensionar tanto la proliferación de plantaciones fuera del área autorizada por las normas, como la movilidad de la coca en circuitos marginados de la ley, elementos que afectan directamente la capacidad estatal de fiscalización y aumentan los riesgos sobre la seguridad interna.
En línea con estas conclusiones, el gobierno de Bolivia ha enfatizado la decisión de dejar atrás la erradicación de cultivos como método exclusivo, optando en cambio por un enfoque integral sostenido en acciones represivas, desarrollo alternativo para las regiones afectadas y compromisos orientados a la transparencia de la información. El Deber citó declaraciones del ministro Oviedo donde se afirma que la gestión gubernamental anterior, bajo la dirección de Luis Arce, incurrió en omisiones y reservas respecto a la divulgación de cifras y datos sobre cultivos y producción de coca. “El anterior Gobierno no quería que se conozcan algunas cifras. Hoy eso cambia”, señaló el funcionario, posicionando la actual política como más abierta al escrutinio público y al monitoreo detallado de la trazabilidad de la hoja de coca.
El rediseño de la estrategia antidrogas, según la publicación de El Deber, contempla el fortalecimiento de la supervisión sobre toda la cadena productiva y comercial, la llegada de equipos de expertos extranjeros para colaborar en tareas de inteligencia y la implementación de dispositivos renovados que permitan una vigilancia continua y más eficaz en zonas identificadas como problemáticas. Este giro involucra el despliegue de operaciones conjuntas con apoyo de agencias internacionales, buscando limitar la movilidad de organizaciones criminales especialmente en áreas fronterizas, donde, según puntualizó el medio boliviano, el tráfico y el desvío ilegal de coca hallan oportunidades para expandirse.
Entre los nuevos lineamientos, el objetivo principal es distinguir con mayor exactitud el destino de la hoja de coca, diferenciando lo que va al mercado regulado de lo que termina en el tráfico ilícito y responde a los circuitos ilegales de producción y exportación de cocaína. El Deber precisó que la articulación de mecanismos de vigilancia optimizados pasa a ser una de las tareas centrales del plan, junto con la colaboración permanente de personal internacional en el terreno, especialmente en labores de inteligencia y operaciones de control territorial.
La administración boliviana remarca, desde la perspectiva presentada en El Deber y sintetizada por la UNODC, que el desafío de contener la expansión del cultivo de coca y su desvío a mercados ilegales exige tanto una vigilancia incrementada como la creación de alternativas socioeconómicas para las comunidades productoras, con el fin de ofrecer opciones legales viables y debilitar el atractivo de las redes delictivas. Este balance entre actuaciones punitivas y programas de desarrollo local se erige como parte central del nuevo modelo de política pública propuesto.
La crítica oficial al periodo anterior enfatizó la permisividad hacia el incremento de hectáreas dentro y fuera de las zonas permitidas, situación que fue considerada relevante para explicar el crecimiento de la oferta ilegal de materia prima y la consolidación de las rutas clandestinas que abastecen al mercado internacional de cocaína. De acuerdo con El Deber, la falta de controles efectivos y la ausencia de estadísticas fiables no solo limitaron la acción estatal, sino que sentaron las condiciones para que la expansión de los cultivos fuera acompañada por el fortalecimiento de las redes de tráfico.
El informe de la UNODC y los lineamientos expuestos por Oviedo y Justiniano refuerzan la idea de que la cooperación internacional y la adaptación dinámica de las políticas antidrogas son imprescindibles para abordar la complejidad del fenómeno. El despliegue de fuerzas extranjeras, el intercambio de información y la fiscalización coordinada en las fronteras se consolidan como herramientas centrales para reducir la incidencia del tráfico transnacional.
En las declaraciones difundidas por El Deber, el Gobierno boliviano sostiene que la apuesta por la transparencia y la colaboración multilateral busca adaptar las respuestas estatales a un escenario regional definido por la mutación de las rutas de tráfico y la diversificación de los actores involucrados. Tanto el acceso público a la información como el monitoreo integral de la cadena de valor de la coca pretenden dificultar la operación de organizaciones criminales y limitar el impacto de sus actividades ilícitas en el territorio nacional y en la región.
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