El Ciudadano
La Central Obrera Boliviana (COB) activó todas las alertas este lunes al denunciar el secuestro y la aprehensión arbitraria de cinco de sus dirigentes nacionales, en medio de la rebelión popular que se vive en la nación suramericana, con una creciente oleada de manifestaciones multisectoriales y bloqueos de vías para exigir la renuncia de Rodrigo Paz a la Presidencia por el ajuste neoliberal impulsado por su gestión
Según un comunicado difundido por la organización los hechos se registraron durante la tarde del domingo 7 de junio en plena vía pública, justo cuando los sindicalistas viajaban de manera pacífica en un vehículo particular y fueron brutalmente interceptados por un grupo de sujetos encapuchados, vestidos de civil y portando armas de fuego.
Los agresores, que no mostraron identificación policial ni presentaron orden judicial alguna, lanzaron gas lacrimógeno al interior del automóvil cerrado para forzar la salida de las víctimas, poniendo en riesgo inminente su vida e integridad física.
Tras la violenta intercepción, los cinco dirigentes fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanecen retenidos hasta el momento exista un informe policial de acción directa que justifique su detención.
La COB denunció que esta aprehensión carece de todo fundamento legal, ya que no medió flagrancia ni orden judicial ni de autoridades competentes, lo que constituye una «violación flagrante a la Constitución Política del Estado«, y señaló que los artículos vulnerados incluyen el derecho a la vida, la integridad personal, el fuero sindical, el debido proceso y la prohibición expresa de detenciones arbitrarias, derechos que, en teoría, garantizan un estado de derecho mínimamente funcional.
Desde la Central advirtieron que la falta de transparencia en el procedimiento refuerza la tesis de un accionar persecutorio más que judicial.
Aún más grave resulta la difusión, en las últimas horas, de videos en redes sociales que mostrarían tortura y actos de violencia contra los aprehendidos.
Señalaron que en caso de que estos registros sean verificados «y sean estas ciertas se configuraría a tortura y violencia inhumana hacia nuestros compañeros, estas acciones violan de manera directa tratados internacionales suscritos por Bolivia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración Universal de Derechos Humanos, al incurrir en tratos crueles y privación de libertad ilegal».
«De igual forma, se transgrede el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), configurando un claro caso de amedrentamiento y persecución sindical inaceptable en un Estado de Derecho», plantearon en el texto.
Ante este panorama, la COB exigió la liberación inmediata e irrestricta de los cinco dirigentes, calificando la aprehensión como «completamente nula de pleno derecho».
A la par, solicitó la intervención urgente del Defensor del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al tiempo que se declara en estado de emergencia nacional.
La central obrera dejó en claro que la clase trabajadora no permitirá que se criminalice la labor sindical ni se instauren prácticas ilegales de secuestro, y anunció medidas de presión si las autoridades no responden con celeridad.
Con la consigna: «¡BASTA DE PERSECUCIÓN SINDICAL!«, cerraron el comunicado.
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