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Rodrigo Paz firmó la promulgación de la Ley 1732, una norma que barre con los requisitos que hasta ahora contenían la intervención castrense en conflictos sociales. En medio de la rebelión popular que se vive en Bolivia, con protestas multisectoriales y bloqueos de rutas que se han mantenido durante cuatro semanas y en las que la ciudadanía ha tomando las calles para exigir su renuncia, el mandatario de derecha, a través de esta normativa, obtiene así la llave legal para decretar el estado de excepción sin las trabas que imponía la legislación anterior.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial, fue aprobada por más de dos tercios del Senado y el 66% de la Cámara de Diputados, le da cancha libre al presidente boliviano para legitimar la represión a las masivas movilizaciones que se registran diariamente en la nación suramericana, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos, transportistas y mineros.

La rebelión popular estalló, luego de que en apenas 6 meses de gestión, las medidas impulsadas por Paz, que incluyen recortes, privatizaciones y un paquetazo de 10 leyes que favorecen a empresas transnacionales han encarecido las tarifas de los servicios básicos, afectando las condiciones de vida de la población.

Nueva ley legitima la represión

La nueva ley deroga la anterior, 1341 de Estados de Excepción, que se encontraba vigente desde octubre de 2020, y que contenía dos frenos fundamentales. El primero: las Fuerzas Armadas solo podían salir a las calles cuando la capacidad de la Policía fuera claramente superada. El segundo: ni militares ni policías quedaban eximidos de responsabilidad penal por sus actos en situaciones de emergencia, una cláusula clave para evitar masacres como las que dejaron unos 37 muertos en Senkata, Sacaba, Huayllani y el Pedregal tras el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales.

Precisamente, la Ley 1341 había nacido de una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que documentó aquellas matanzas. Ahora, con su abrogación, Paz se desprende de esa contención jurídica a los excesos

En la práctica, el nuevo marco legal le permite al presidente declarar el estado de excepción no solo para reprimir las protestas, sino también para intentar desmovilizar por la fuerza a quienes le reclaman la dimisión. El propio Paz se encargó de lanzar un mensaje de advertencia este miércoles: “El voto se respeta y la Constitución también. Así nomás es, son las reglas del juego. Pero si no quieren dialogar, para eso están ya las reglas de la Constitución”, consignó TeleSUR.

Aunque, según Paz la declaración del estado de excepción es la «última opción» a la que recurrirá si el diálogo no prospera, según avanza la rebelión popular ha endurecido su discurso al calificar las protestas como un movimiento de carácter insurreccional y ha ordenado el despliegue de operativos de represión.

Mientras tanto, el pulso en las calles no da tregua. Lo que comenzó como protestas en el departamento de La Paz se ha extendido a seis regiones del país, con un saldo de 150 puntos de bloqueo vehicular en la cuarta semana de movilizaciones convocadas por el sector sindical, campesinos y afines al expresidente Evo Morales, a las que se han ido sumando agrupaciones de El Alto, mineros, Ponchos Rojos, trabajadores fabriles, maestros y gremiales.

Ante el recrudecimiento del conflicto, la COB abrió una ventana de diálogo con dos condiciones innegociables: la liberación de todos los detenidos durante las movilizaciones de las últimas cuatro semanas y el levantamiento de la orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, y otros líderes sindicales.

¿El gobierno de Paz, por ahora, no ha respondido y con la nueva ley bajo el brazo, el mandatario podría seguir inclinándose por la vía de la fuerza antes que por la de la negociación hasta llegar a un estado de excepción.

La entrada Bolivia en rebelión popular: Rodrigo Paz elimina freno al uso de militares en protestas y abre camino al estado de excepción se publicó primero en El Ciudadano.