La Comisión Europea ha enviado este miércoles un ultimátum a España para que traslade a su legislación nacional las normas europeas que fijan estándares mínimos de protección frente a litigios contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un marco diseñado para proteger en la UE a periodistas y activistas de posibles demandas abusivas.
Los países del bloque tenían hasta el pasado mes de mayo para aplicar esta reforma en sus respectivos marcos legislativos, pero tras meses de margen, aún son 14 Estados miembro, incluido España, los que incumplen el calendario, razón por la que Bruselas ha decidido incoarles procedimientos de infracción.
El envío de una carta de emplazamiento marca el inicio del expediente sancionador y da un margen de dos meses para que las autoridades competentes tomen medidas para enmendar el incumplimiento y notifiquen a la Comisión Europea las correcciones.
Si la respuesta no satisface al Ejecutivo comunitario, este podrá decidir dar el siguiente paso en el procedimiento, que implica el envío de un dictamen motivado, con el que el Estado miembro cuenta con algo más de tiempo para el diálogo antes de que Bruselas decida si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para pedir una multa contra el país incumplidor.
Además de España, también han sido apercibidos Bulgaria, República Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovaquia.
Según defiende Bruselas, la directiva sobre SLAPP proporciona a periodistas y activistas herramientas para defenderse de demandas "manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos en materia civil con implicaciones transfronterizas".
Asimismo, permite a los tribunales desestimar las demandas manifiestamente infundadas en una fase temprana del proceso, prevé recursos para las personas afectadas y ofrece protección frente a sentencias de terceros países.
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