La Comisión Europea ha vuelto a cargar este martes contra la deriva autoritaria del Gobierno de Georgia volviendo a constatar su distanciamiento de la Unión Europea y afeando la política represiva de Tiflis contra su propia ciudadanía a través de la instrumentalización del sistema judicial, así como que reproduzca campañas de desinformación y teorías conspirativas de corte prorruso.
En su informe anual sobre los progresos en la política de Ampliación de los países candidatos a la adhesión, el Ejecutivo comunitario confirma el divorcio con el gobernante Sueño Georgiano y señala al primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, por el retroceso en la mayoría de cuestiones básicas para la integración europea, como la gobernanza democrática, la lucha contra la corrupción, la reforma del poder judicial, la libertad de expresión o el alineamiento con la política exterior europea.
"En lugar de demostrar compromiso con una mayor integración en la UE y de avanzar en las reformas necesarias, Georgia se desvió aún más del camino hacia la Unión Europea", recoge el informe, que no viene acompañado de las tradicionales recomendaciones para avanzar en la adhesión, al considerar Bruselas que Georgia tiene que centrarse en la profundización democrática más básica.
Así, Bruselas denuncia que las autoridades georgianas participan activamente en la difusión de narrativas de desinformación contra la UE, que es objeto de ataques sistemático por parte de altos funcionarios, el partido gobernante y los medios de comunicación afines al Ejecutivo de Kobajidze.
"Aunque han seguido declarando que la integración en la UE es su principal prioridad, las autoridades georgianas han recurrido sistemáticamente a una retórica hostil contra la UE, a narrativas manipuladoras y a teorías conspirativas, que a menudo reflejan la desinformación de tipo ruso", ha indicado el documento comunitario.
En cuanto a la política exterior, el Ejecutivo europeo también señala el desvío de Georgia con respecto a la visión europea, apuntando que no sigue la mayoría de sanciones impuestas contra Rusia, Bielorrusia e Irán, no participa en misiones europeas y ha caído al 40% el ratio de alineamiento con la política exterior comunitaria con respecto al 53% del año anterior.
USO DE LA JUSTICIA PARA "IMPONER UN SISTEMA DE REPRESIÓN"
Igualmente, el Ejecutivo europeo denuncia la persecución de organizaciones que reciben financiación de la UE para "justificar la represión de la sociedad civil y presentar a los actores proeuropeos como servidores de intereses externos", siguiendo el mismo patrón de Rusia.
"Con el pretexto de combatir la injerencia extranjera, el Gobierno ha introducido una serie de leyes y cambios normativos que, en la práctica, se dirigen contra la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los ciudadanos que ejercen sus derechos fundamentales", apunta el informe, que lamenta el cerco a organizaciones comprometidas con la democracia "en lugar de abordar las verdaderas amenazas de desinformación extranjera".
Además, en un contexto de contestación ciudadana, la Comisión Europa asegura que el sistema judicial ha sido utilizado por el partido oficialista para "imponer un sistema de represión".
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