La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de un expediente sancionador contra España por el retraso en la transposición a la legislación nacional del marco sobre pruebas digitales, que ofrece a las autoridades nacionales un canal fiable para obtener pruebas electrónicas de los proveedores de servicios en la UE, incluso si su sede se encuentra en un tercer país.
Conforme a la directiva, que los países tenían hasta el pasado febrero para trasladar a su legislación, todos los proveedores de servicios que presten servicios en la Unión deben designar un representante jurídico o un establecimiento designado para recibir, cumplir y ejecutar las solicitudes de obtención de pruebas electrónicas de las autoridades policiales.
El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento con la que el Ejecutivo comunitario abre un plazo de dos meses para que el Estado miembro incumplidor tome las medidas necesarias para ponerse al día con la legislación comunitaria.
De no hacerlo, los servicios comunitarios podrán dar paso a la segunda fase del proceso --el envío de un dictamen motivado-- que da un nuevo plazo de meses para el diálogo antes de abordar la tercera y última fase, que permite a Bruselas denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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