El Ciudadano
A través de una declaración pública, la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero repudió las «ofensivas y violentas expresiones» del economista David Bravo (en la foto), integrante de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Gobierno, quien «descaradamente tildó a la clase trabajadora de ser un cacho».
Para la organización, se trata de una «agresión intolerable a la dignidad nacional: Los dichos de David Bravo ultrajan la moral de millones de familias que sostienen al país».
«Este desprecio explícito sólo encuentra eco en las facciones más retrógradas de la sociedad, sectores conservadores que añoran revertir la historia para erradicar conquistas sociales que tomaron décadas de lucha civilizatoria», señala la declaración.
La Confederación planteó en ese sentido que la «la verdadera gravedad radica en que este menosprecio emana de una vocería institucional oficial. Queda al descubierto la ideología despiadada que los moviliza: una visión mercantil que pretende normalizar la generación de empleo a cualquier precio, arrasando con los derechos más básicos bajo el pretexto de la eficiencia económica».
Un «caballo de Troya» empresarial
Para la organización sindical del sistema bancario y financiero, la denominada Mesa de Reactivación Laboral, instaurada en mayo por el Ministerio del Trabajo, fue «capturada por académicos guardianes del modelo de mercado» y ahora opera como «punta de lanza de esta ofensiva».
«En tiempo récord articularon un paquete de 22 medidas que utiliza subsidios cosméticos a mujeres y jóvenes como una pantalla para camuflar una agresiva desregulación patronal», cuestionaron los trabajadores.
La trampa del despido libre y gratuito
Otro aspecto mencionado por la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financieron fue el que calificaron como «el núcleo más destructivo» del informe de la Mesa de Reactivación Laboral: «la liquidación de la indemnización por años de servicio».
«Este derecho histórico es el único freno ante la arbitrariedad patronal y consagra el trabajo como un derecho fundamental. Pretender reemplazarlo por un fondo derivado de seguros de cesantía es una burda maniobra para eximir al empresariado de sus responsabilidades financieras, otorgándoles impunidad total para ejecutar despidos masivos al arbitrio del mercado», remarca la declaración.
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