‘Calarcá’ aseguró que emboscada que resultó en el asesinato de siete militares en Guaviare “fue un accidente”

‘Calarcá’ aseguró que emboscada que resultó en el asesinato de siete militares en Guaviare “fue un accidente”

El líder disidente justificó el incidente como una confusión entre uniformados y tropas de Iván Mordisco, lo que ha generado dudas sobre las condiciones del cese al fuego

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una facción disidente de las disidencias de las Farc, afirmó que el ataque en el que asesinaron siete militares en el departamento de Guaviare fue un “accidente”.

Según explicó en una entrevista con la revista Semana, sus hombres confundieron a los uniformados con combatientes al servicio de “Iván Mordisco”, otro comandante disidente que opera en la región. Este hecho generó un amplio rechazo en la opinión pública y puso en el centro del debate la situación de seguridad y los avances en los procesos de paz en Colombia.

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De acuerdo con las declaraciones de “Calarcá”, el incidente ocurrió mientras integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño realizaban labores de patrullaje en la zona. Al detectar la presencia de los militares, los atacaron creyendo que se trataba de un grupo enemigo. “Se formó el tiroteo, en medio de la confusión, pensando que se trataba de tropas de Iván Mordisco, porque ellos están en esa región”, aseguró el líder disidente. Además, insistió en que el ataque no fue planificado y lo calificó como un accidente. “¿Se puede imaginar, si el hecho hubiera sido planificado por nosotros, qué hubiera pasado? Nunca fue planificado. Reitero, fue un accidente”, agregó.

El Ejército Nacional, por su parte, informó que las unidades atacadas se encontraban realizando labores de acompañamiento en la región. De acuerdo con las autoridades, los responsables del ataque son miembros de las disidencias bajo el mando de Calarcá, que operan en el área pese al cese al fuego decretado por el Gobierno nacional. Este incidente puso en entredicho la efectividad del mencionado cese al fuego y aumentó las críticas hacia las estrategias de seguridad y negociación del Ejecutivo.

En sus declaraciones, alias Calarcá también cuestionó la presencia del Ejército en el lugar del ataque, argumentando que los uniformados se encontraban a 20 kilómetros del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr), un área destinada a la reincorporación de excombatientes tras los acuerdos de paz.

Además, el líder disidente aprovechó para criticar al gobierno del presidente Gustavo Petro, acusándolo de incumplir las promesas realizadas en los procesos de paz. “Este Gobierno no ha sido capaz de cumplir ni siquiera el 1% de lo acordado. ¿Con qué cara nos van a hablar a nosotros de reagrupamiento? ¿De zonas de concentración? Pareciera que fuera una celada”, afirmó a Semana.

En un tono contradictorio, “Calarcá” negó la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con la actual administración y aseguró que no entregará las armas. Según sus palabras, está dispuesto a negociar con el próximo Gobierno, lo que pone en duda la supuesta voluntad de paz que su organización ha manifestado en ocasiones anteriores. Estas declaraciones generaron críticas y preocupación, especialmente en un contexto en el que el Ejecutivo busca avanzar en los diálogos con los grupos armados para reducir la violencia en el país.

Por otro lado, la estructura disidente liderada por “Calarcá” emitió un comunicado en redes sociales atribuyéndose el ataque y asegurando que, además de los siete militares fallecidos, otros cinco fueron retenidos. Sin embargo, esta versión contradice las declaraciones del propio líder disidente, que insiste en que el hecho fue un error. La contradicción entre ambas versiones dieron paso a interrogantes sobre las verdaderas intenciones de este grupo armado y su disposición para cumplir con los acuerdos de cese al fuego.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó el asesinato de los siete soldados y llamó al Estado colombiano a implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Este pronunciamiento se suma a las voces de rechazo de diversos sectores de la sociedad, que exigen justicia y medidas concretas para garantizar la seguridad en las regiones afectadas por la violencia.