Cámara aprueba proyecto de Ley de Fraccionamiento y ahora va a comisión mixta

Cámara aprueba proyecto de Ley de Fraccionamiento y ahora va a comisión mixta

La Cámara de Diputados aprobó por 136 votos a favor el grueso de los cambios realizados por el Senado al proyecto de fraccionamiento pesquero, una iniciativa que genera cambios a la distribución de un total de 20 pesquerías, y de las cuales han sido aprobadas modificaciones a 17.

Las otras tres restantes, son la merluza común, la sardina y la anchoveta en la zona norte, que comprende desde la Región de Arica y Parinacota a Coquimbo.

A ello se sumó la falta de definiciones sobre el mecanismo de licitación para la cuota adicional del jurel, tras el aumento récord de 25% asignado por la OROP-PS en febrero.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó la votación recibida por los diputados, afirmando que “hemos tenido prácticamente unanimidad”, y que la iniciativa permitirá impulsar “un claro apoyo al desarrollo de la pesca artesanal”.

“Nosotros hicimos un compromiso, que hizo el Presidente Boric, de que íbamos a corregir la Ley de Pesca, y hoy día la estamos empezando a corregir en su aspecto fundamental, que es cómo distribuir los recursos marinos”, señaló Grau.

Y agregó que “los peces son de las y los chilenos y lo razonable es que se distribuyan de manera justa, y eso es en lo que hemos avanzado de manera decidida el día de hoy”, dijo el secretario de Estado, junto con subrayar en que la discusión legislativa se hizo “de manera transparente, y en última instancia, a pesar de todos los debates que han habido, con grandes apoyo y grandes consensos”.

Sobre los aspectos que quedaron para la definición de una comisión mixta, que se deberá constituir este miércoles, puntualizó que dichas discusiones “nos va a permitir lograr acuerdos relevantes”, como en el caso de la merluza, donde señaló que si se aprobaba lo establecido por el Senado “queda tal cual como está en la legislación actual, de 60% para la industria y 40% para el artesanal, y nosotros consideramos que eso no es un punto de llegada razonable”.

También señaló que la relevancia de establecer una subasta para la cuota adicional del jurel permite dar sostenibilidad fiscal al proyecto.

“Quiero ser muy claro en esto: de no aprobarse la licitación, este proyecto de ley no tiene el financiamiento fiscal que se requiere, porque al disminuir la cuota industrial en términos generales, eso disminuye los ingresos fiscales y eso se compensa a través de la licitación”, dijo.

El ministro recordó que el mecanismo de licitación aplicaría sólo al 15% del 25% adicional, y que, además, “es un acto de justicia, porque sepan ustedes que, de la cuota del sector industrial que no pasó por licitación, cuando uno compara respecto a la cuota que sí pasó por licitación, la cuota paga cinco veces más”.

Sobre el fraccionamiento mismo del jurel, la principal pesquería del país, Grau remarcó que la cuota artesana va a pasar del 10% actual a un 30%, pero que gracias al aumento adicional de la OROP-PS “aumenta la torta de lo que se va a poder pescar de jurel y también se distribuye de una forma distinta”.

Ello, agregó Nicolás Grau, en el caso de la pesca industrial “va a significar que básicamente la pesca que tienen hoy se les mantiene, y en la pesca artesanal esto va significar un aumento de más de tres veces”.

En tanto, el subsecretario Julio Salas, destacó que “es un gran día para el desarrollo de la pesca en su conjunto, y es un gran día para la pesca artesanal que va a ver corregida una inequidad histórica en la distribución de los recursos pesqueros”.

Salas subrayó que, con el proyecto, “por primera vez se ha generado un fraccionamiento que se ha discutido de manera transparente, pesquería a pesquería, recurso a recurso, cuál es la distribución justa que corresponde entre el sector artesanal y el sector industrial”.

Pese a que el proyecto contó con una amplia votación favorable, aún persisten dudas sobre su futuro.

A la reserva de constitucionalidad realizada en su primer trámite legislativo por el diputado UDI Sergio Bobadilla, este martes se sumó el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, quien recordó que los titulares de licencias industriales transatlánticas renunciaron a sus antiguas autorizaciones como parte de un proceso regulado por la ley 20.657.

“No puede el legislador, así como así, alterar las condiciones fundamentales de ese acuerdo, generando incertidumbre jurídica y debilitando la seriedad institucional del país”, advirtió Araya.

El punto, en todo caso, es rebatido por el Ejecutivo. “Los permisos de pesca no constituyen derechos de propiedad. Los peces son de los y las chilenos, como hemos defendido políticamente y jurídicamente en esta tramitación”, dijo Grau.

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