Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el proyecto que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, destinado a personas víctimas de desaparición forzada ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La iniciativa fue despachada a segundo trámite constitucional, con 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones, y establece que el plan quede bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con una unidad especial a cargo de su ejecución.
Un marco legal para una política ya existente
El proyecto, correspondiente al boletín 17839, busca transformar en una política de Estado permanente un programa que ya opera a nivel administrativo. Según se explicó durante el debate parlamentario, el objetivo es dotar de estabilidad institucional y continuidad a las labores de búsqueda, identificación y restitución de las víctimas, más allá de los cambios de gobierno.
El texto define que el plan será un instrumento estatal orientado a esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte, así como el destino final de las personas afectadas. Asimismo, apunta a garantizar el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de los hechos, fortalecer la memoria y promover garantías de no repetición.
Entre sus disposiciones, se contempla la creación de un Comité de Seguimiento y Participación, integrado por 13 miembros, con funciones ad honorem y una duración de cuatro años. Este organismo tendrá un rol consultivo, de asesoría y formulación de recomendaciones para la implementación del plan, con participación de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
El articulado también obliga a la Subsecretaría de Derechos Humanos a elaborar un informe anual, que deberá ser remitido al Presidente de la República, a la Corte Suprema y al Congreso Nacional, detallando actividades, resultados y el grado de cumplimiento de metas y objetivos.
La iniciativa fue propuesta inicialmente por la exdiputada Lorena Fries y fue respaldada por múltiples legisladores. Con su aprobación en la Cámara, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde será analizado en segundo trámite constitucional.
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