El Ciudadano
La formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, sacó a la luz nuevos antecedentes que apuntan a sus asesores parlamentarios, pagados con recursos del Congreso, habrían trabajado en la sede de campaña de su padre Joaquín Lavín Infante durante las elecciones presidenciales de 2021.
Durante la audiencia celebrada el lunes y que fue encabezada por el juez Daniel Urrutia, la fiscal Constanza Encina expuso que el exmilitante de la UDI habría incurrido en un mecanismo reiterado y sistemático para desviar recursos, que incluye la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, la creación de un software que habría financiado con fondos de la institución legislativa, y presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, mientras su esposa Cathy Barriga ejercía como alcaldesa.
Asimismo, la persecutora detalló una trama de desvío de recursos públicos con fines electorales que involucraría directamente al exalcalde de Las Condes y excandidato presidencial, Joaquín Lavín Infante. Según la investigación, mientras Lavín León se desempeñaba como diputado, dispuso que al menos siete funcionarios de su equipo parlamentario —remunerados con fondos del Congreso— realizaran labores proselitistas para la campaña de su padre a La Moneda en 2021.
Según planteó Encina, estos asesores no solo ejecutaron llamados telefónicos y gestiones de captación de votantes en horario laboral, sino que físicamente cumplieron sus funciones en la sede de campaña de Lavín Infante, ubicada en Avenida Apoquindo 3001, comuna de Las Condes, lo que está siendo indagado como un posible desvío de recursos fiscales, reportó La Tercera.
Entre los nombres mencionados por la fiscal Encina destacan Shigue Ogino, quien entre enero y mayo de 2021 percibió un sueldo mensual de $2.591.400 como funcionario público mientras trabajaba en las oficinas proselitistas del padre del imputado. También se nombró a Romina Molina y a Carlos Vargas, este último enviado expresamente a cumplir tareas en la sede que durante esa época operaba como cuartel general de la fallida candidatura presidencial de Lavín Infante (UDI), quien terminó siendo derrotado por Sebastián Sichel en las primarias de Chile Vamos.
Para gestionar las bases de datos de electores, el exdiputado cuyo desafuero fue ratificado por la Corte Suprema en febrero pasado, habría financiado, a través de gastos rendidos al Congreso, la plataforma digital SocialTazk con la que se recopiló información ciudadana con fines políticos. Según la fiscalía esta herramienta incluso habría sido ofrecida a otros candidatos del mismo sector político, en lo que podría configurar un esquema de financiamiento ilegal de campañas.
Durante la audiencia también se abordó la contratación de presuntos “funcionarios fantasmas”, quienes no habían desempeñado las unciones por las que fueron remunerados por el Congreso, así como un eventual delito de tráfico de influencias, ya que el exparlamentario habría intervenido en decisiones dentro de la Municipalidad de Maipú, promoviendo contrataciones y desvinculaciones mientras su esposa Cathy Barriga, se desempeñaba como alcaldesa.
Fiscalía no descarta investigar a Joaquín Lavín Infante
Al término de la imputación de cargos, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para Joaquín Lavín León, a quien se acusa de defraudar al Fisco por un monto superior a los 104 millones de pesos. La petición fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, representada por BACS Abogados.
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos no descartó que la investigación contra el exdiputado pueda ampliarse en la arista relacionada con la campaña presidencial de su padre.
“Nada obsta que el día de mañana (hoy), a través del desarrollo de investigaciones, o poder pulir aquella idea respecto de diligencias que me permitan con objetividad alguna imputación de otro delito, no hay duda alguna que el Ministerio Público tendrá que hacer lo que corresponda”, señaló en entrevista con Radio Infinita.
Asimismo, Campos dejó abierta la puerta a la posibilidad de extender las diligencias hacia Joaquín Lavín Infantey dejó en claro que “si el mérito de los antecedentes así lo aconsejan, no hay duda que tenemos que cumplir con esa obligación legal de poder investigarlo”.
“El Ministerio Público no tiene que privarse, al contrario, tiene una obligación legal de poder investigarlo”, afirmó en declaraciones recogidas por Chilevisión.
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