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Un operativo tipo reality show, musicalizado y con nombre tomado de un mito griego: Operación Cancerbero. Transmisión en vivo, de horas, sin ahorro de recursos para mostrar el traslado de reos peligrosos a la nueva cárcel La Laguna, en Talca. Todo muy estridente, bien lejos de la sobriedad que había mostrado el ministro Arrau. Imágenes de presos de cabeza gacha, sentados en el suelo, apretados entre sí, al estilo popularizado por Bukele en El Salvador. Sin torsos desnudos ni cabezas rapadas. Pero la inspiración era evidente para señalar esta “nueva etapa” en materia de seguridad que anunció el Presidente Kast, el plan ACOT (la famosa cárcel de Bukele se llama Cecot).

Casi en paralelo al desarrollo de la Operación Cancerbero, La Tercera dio a conocer un borrador con las reformas constitucionales que propondría el gobierno en materia de Seguridad (no se conoce aún el texto final, pero, según muchos entendidos, no se necesita cambiar la Constitución para esto). Cambios que dejaron perplejos no sólo a la oposición, sino a miembros del oficialismo. Se propone en ese borrador, entre otras medidas, que los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico queden, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años, inhabilitados para acceder a “cualquier prestación financiada con recursos estatales” vinculada con los derechos a la salud, educación, trabajo y seguridad social.

La ministra May Chomali, en CNN Chile, se sorprendió, pero reaccionó de inmediato: “Se me hace difícil relacionar esto con algunas otras leyes que nos mandatan a nosotros hacer ciertas prestaciones”, dijo.

Igual de polémico es el nuevo estado de excepción que se propone, en que militares podrían desplegarse en barrios determinados para colaborar en labores de seguridad. Los mismos militares son los primeros en oponerse. Son medidas efectistas, eso sí, y que polarizan y arrinconan a la oposición -interna y externa-, pero que no está nada claro que sirvan para bajar el crimen.

El camino largo es más aburrido y lento. En este caso, dos proyectos que están en el Congreso -con distinto grado de avance- dan cuenta de cómo podrían participar las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pero dentro de un marco en que los riesgos se minimicen. Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) proveerán claridad de cómo pueden actuar; la Ley de Infraestructura Crítica, dentro de qué espacios y perímetros podrían hacerlo. Más aún: hay una arquitectura institucional nueva: ministerio, sistema de inteligencia, ley antiterrorista, ley de seguridad municipal, ley de seguridad privada, más de 70 leyes nuevas que implementar. Pero en vez de implementar eso, o buscar acuerdos, el gobierno va por el hollywoodense- salvadoreño despliegue mediático y la estrategia para endurecer la mano a través de militares y las reformas a la Carta Fundamental, sin haber hecho previamente la más mínima socialización, no solo con la oposición, sino con sus propias filas. Así como se les “olvidó” avisarle al ministro del Interior que iban a ir al Tribunal Constitucional con un aspecto de la megarreforma, también omitieron, todo indica, discutir estas ideas acerca de cómo se combate el crimen con sus propios secretarios de Estado, los partidos que sustentan el oficialismo, incluidos expertos cercanos a su sector. Desplegar militares en la calle, o quitarles beneficios sociales a quienes cometan delitos graves, por cierto, es popular, así como lo sería rapar a los presos y dejarlos sin ropa caminando esposados y con grilletes. Pero ni el aumento o endurecimiento de las penas ni la espectacularidad al hacerlo disuaden al crimen. Eso dice, al menos, la evidencia. Evidencia que tanto ha invocado esta semana la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, para explicar las decisiones de su cartera de disminuir el aporte a las humanidades y ciencias sociales en las Becas Chile y los Fondecyt de posdoctorados, pero que parece no haber sido tomada en cuenta.

Tampoco las ideas parecen haber sido aquilatadas en serio. Dejar a un condenado en riesgo vital sin atención de salud, como ha dicho Chomali, contradice el deber que exige la Ley de Urgencia, considerada un avance muy importante para nuestro país, así como lo es el acceso universal a la educación.

Ambos derechos derivan de ideas muy profundas y fundamentales. Entre otras, la importancia de que haya igualdad en lo básico, que todas las personas -por pérfidas que sean- tienen dignidad y derechos humanos, y que los seres humanos tienen la capacidad de cambiar y de reformarse. La posibilidad, que no es cierta, pero tampoco impensada, de reinsertarse en la sociedad.

Ideas que se han desarrollado a lo largo de los siglos en un campo que la ministra de Ciencias y Conocimiento, sin embargo, considera aparentemente como inútil para el progreso humano: las humanidades.