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Una investigación de El Comercio concluyó que la crisis que afecta a la oficina electoral peruana comenzó dos días antes de la primera vuelta, cuando surgieron las primeras inconsistencias atribuibles a un funcionario del organismo. No se lograron detectar a tiempo las fallas en cadena y se responsabilizó inicialmente a la empresa de transporte del material electoral, lo que derivó en acciones legales. Todo esto motivó una investigación que podría terminar con consecuencias penales para los involucrados.