El abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, dedicó su columna de este domingo en El Mercurio a analizar el debate sobre la eventual restitución del cargo de primera dama en el próximo gobierno, una figura que fue eliminada por la administración del Presidente Gabriel Boric y que su pareja, Irina Karamanos, decidió no ejercer.
Peña sostiene que el cuestionamiento de fondo no es administrativo ni simbólico, sino político: cómo se justifica que un vínculo privado —el conyugal o sentimental— permita acceder a un espacio del Estado, cuando la institucionalidad democrática se construye sobre principios de mérito, responsabilidad pública y rendición de cuentas.
“El cargo de primera dama implica que una persona accede a funciones estatales no por decisión del electorado ni por mérito profesional, sino por su vínculo afectivo con quien ocupa la Presidencia”, plantea el columnista, subrayando que ello “expone lo público a una lógica privada”.
Según Peña, mientras los cargos del Estado están sometidos a escrutinio ciudadano y deben evaluarse por resultados y desempeño, el vínculo conyugal responde a otra lógica, marcada por la intimidad, el afecto y las lealtades personales. “En rigor, el cargo de primera dama es la irrupción de lo privado en un ámbito que es público por antonomasia y, desde ese punto de vista, constituye una contradicción”, escribió.
El rector también advierte que la reinstalación de esta figura implica un gesto cultural y político más amplio: un movimiento conservador, que reintroduce, dice, una forma paternalista y asistencial del Estado vinculada a roles tradicionales y a la idea de que las tareas públicas pueden sustentarse en relaciones familiares.
Peña agrega que no se trata de un asunto trivial o meramente protocolar, pues el rol ha tenido históricamente funciones sociales, influencia simbólica y capacidad de gestión. Sin embargo, destaca que tales responsabilidades deberían recaer en autoridades públicas sometidas al control democrático y no en figuras designadas por cercanía personal con el presidente.
En conclusión, el académico advierte que reinstalar el rol de primera dama no solo tensiona los principios modernos de la esfera pública, sino que también reabre una lógica de Estado basada en vínculos afectivos y no institucionales, en momentos en que la democracia —afirma— necesita justamente lo contrario: fortalecer la legitimidad, la racionalidad pública y la separación entre lo privado y lo estatal.
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