El Ciudadano
La Oficina de la ONU Derechos Humanos para América del Sur envió el martes una carta al Senado de Chile en el que analizó y destrozó el cuestionado proyecto de ley (boletín N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas, que permite a reclusos mayores y enfermos terminales cumplir sus condenas en arresto domiciliario y abre la puerta a criminales de la dictadura cívico-militar.
El documento, suscrito por el Representante Regional, Jan Jarab, responde al mandato de la Oficina de promover y proteger el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, y su contenido representa un duro revés para los actores políticos de la derecha que impulsan esta iniciativa.
El análisis de la ONU señala que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos con penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos. Según el organismo, esta premisa fundamental, piedra angular de los sistemas de justicia en las democracias contemporáneas, se ve seriamente comprometida por la propuesta legislativa que actualmente se discute en la Congreso.
En el texto, la ONU no solo rechaza el proyecto, sino que advierte que transgrede el principio de proporcionalidad de la pena – esto es, que los delitos más graves requieren penas mayores – porque no hace ningún tipo de distinción a este respecto. La omisión resulta particularmente problemática en un país como Chile, donde la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet dejó más de 44.000 víctimas, entre ellas 3.216 muertos, de los cuales 1.185 fueron detenidos desaparecidos que fueron encontrados e identificados con el tiempo. A los que se suman cerca de 33.000 detenidos y torturados, además de 200.000 exiliados.
En su carta, el organismo internacional también alerta que la iniciativa «podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación». Esta falta de estándares claros generaría un escenario de discrecionalidad que, en la práctica, podría traducirse en tratos diferenciados injustificados ante situaciones que debieran merecer el mismo rigor jurídico.
Adicionalmente, señala que la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.
En declaraciones que refuerzan la postura crítica del organismo, el Representante Regional de ONU Derechos Humanos señaló con claridad los límites que deben respetar las políticas penales,
“El Estado debe promover políticas penales que prioricen medidas no privativas de libertad cuando sea apropiado. Sin embargo, tales políticas deben respetar siempre el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Jan Jarab, estableciendo una distinción fundamental entre la legítima búsqueda de alternativas al encarcelamiento y el respeto irrestricto a las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos fundamentales.
El cuestionado proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que permite a reclusos mayores y enfermos terminales cumplir sus condenas en arresto domiciliario, ha generado una profunda controversia en el espectro político y social chileno. La iniciativa, presentada por los senadores de derecha Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel , busca establecer mecanismos que permitan suspender o sustituir el cumplimiento de penas de cárcel por fórmulas alternativas.
El timing de esta advertencia internacional no podría ser más significativo, pues llega en un momento crucial de la tramitación legislativa ya que la cuestionada iniciativa que fue aprobada la semana pasada en general en el Senado de forma estrechísima —23 votos a favor y 22 en contra—, beneficiaría directamente a reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
De avanzar el proyecto en su tramitación, las proyecciones sobre sus efectos resultan alarmantes para los organismos de derechos humanos y las agrupaciones de familiares de víctimas. Se estima que más de 300 condenados por lesa humanidad, así como más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes y parricidio podrían conmutar sus penas de cárcel por arresto domiciliario.
La carta de ONU Derechos Humanos se suma así a las voces que, desde distintos ámbitos nacionales e internacionales, han manifestado su profunda preocupación por un proyecto que, bajo un ropaje humanitario terminaría beneficiando a algunos de los criminales más brutales que ha conocido la historia reciente de Chile.
Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, así como juristas especializados en derecho internacional, han coincidido en señalar los graves riesgos que implica esta iniciativa.
Por su parte, el rechazo y advertencia del organismo internacional sitúa el debate en el plano de las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por el Estado de Chile, que son incompatibles con la propuesta de los senadores de derecha.
Chile_ Oficina Envió Análisis Al Senado Sobre Proyecto de Cumplimiento Alternativo de Penas – ACNUDH by leonard0.bu1tr6g0