|  LaTercera.com |  Noticias

A partir de la Casen 2024, Chile muestra una reducción de 600 mil personas en pobreza respecto de 2022. Sin embargo, esta mejoría no puede atribuirse necesariamente a un mayor dinamismo, ya que entre los hogares de menores recursos persisten bajos niveles de ocupación y una débil generación de ingresos del trabajo. De hecho, uno de los resultados más llamativos es el escaso crecimiento de los ingresos laborales promedio: entre 2017 y 2024 aumentan solo un 4,5%, mientras que los subsidios monetarios crecen en 109,8%.

La principal señal de alerta está en el mercado laboral de los hogares más pobres. Estos hogares no solo tienen menos ocupados que los de mayores ingresos, sino que, además, en el 2024 sus ingresos laborales son inferiores a los registrados en 2017. La inactividad también aumenta: en el primer decil, la proporción de personas inactivas subió de 63,1% a 73% entre 2017 y 2024, lo que limita aún más la capacidad de estos hogares para generar ingresos propios.

Por ello, al calcular la pobreza considerando solo los ingresos autónomos, es decir, aquellos que provienen del trabajo como otras trasferencias de capital, se observa que, los niveles de 2017 aún no se han recuperado: en 2024 habría casi 80 mil personas adicionales en pobreza respecto de ese año.

Cuando se focaliza el análisis en el 10% de la población con menos recursos, la situación se vuelve todavía más preocupante. Entre 2017 y 2024, los ingresos laborales de este grupo caen 60%, mientras que los subsidios monetarios prácticamente se duplican, impulsados por la PGU y otras pensiones no contributivas. En este decil, la participación de pensiones y aportes estatales en el ingreso total pasa de 37% a 69%, mientras que la de los ingresos del trabajo se reduce de 45% a apenas 17%. En la práctica, eso significa que un hogar en pobreza depende hoy más del Estado y menos de los ingresos que generan.

Si bien las transferencias focalizadas cumplen un rol relevante, el riesgo aparece cuando estos beneficios terminan convirtiéndose en un pilar estructural del ingreso del hogar y desincentivan, directa o indirectamente, la participación laboral de quienes están en edad de trabajar. Un ejercicio preliminar es analizar los hogares con adultos mayores de 65 años que recibirían la PGU: en 2024, la tasa de ocupación de la población menor a los 65 años de estos hogares es menor que la de aquellos sin mayores (58,3% versus 66,8%), y en el primer decil el nivel de ocupación es aún menor (18,7% versus 27%).

La Casen 2024 deja, así, una clara advertencia: sin una mayor creación de empleo y mejores oportunidades laborales, la reducción de la pobreza será frágil y dependiente de los aportes estatales. La tarea impostergable es que la próxima baja en la pobreza se explique porque en los hogares vulnerables haya más personas trabajando, con mejores ingresos y trayectorias que les permitan sostener en el tiempo esta superación de la pobreza.

Por Paulina Henoch, Libertad y Desarrollo