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El caso que involucra al senador Miguel Ángel Calisto sigue agrandándose, ya que lo que hasta hace poco era una investigación centrada en un presunto fraude al Fisco —por el cual la Fiscalía ya solicita una pena de 12 años de presidio—, se ha transformado en un entramado judicial mucho más complejo.

La decisión, adoptada el pasado 8 de mayo por el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras, implica separar del expediente principal una serie de antecedentes que apuntan a la comisión del delito de soborno. Este movimiento no solo amplía el perímetro de la acusación, sino que vuelve a poner en el centro del escenario a la figura del exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien ya había sido mencionado en causas anteriores por filtración de información.

El detonante de esta nueva línea investigativa no fue un hallazgo fortuito, sino que emergió de los testimonios de los exasesores parlamentarios Carla Graff y Ronald Cárcamo, que han sido determinantes para que el Ministerio Público active esta arista. Según lo expuesto en la última audiencia de cautela de garantías, ambos excolaboradores de Calisto declararon que habrían entregado antecedentes que describen un entramado de pagos irregulares. La hipótesis fiscal sostiene que estos recursos habrían tenido como finalidad última influir en el cierre o desactivación de las investigaciones que afectaban al parlamentario, incluyendo la misma causa que hoy motiva la solicitud de desafuero.

Además, se indica que los fondos recibidos no habrían sido destinados a las labores para las que fueron contratados, sino que habrían sido redirigidos hacia fines completamente distintos, lo que añade una capa de complejidad a la acusación, consignó El Mostrador.

La respuesta de la defensa no se hizo esperar y el abogado César Ramos en declaraciones a Radio Biobío calificó las imputaciones como «absolutamente falsas» y deslizó una seria crítica hacia el procedimiento del Ministerio Público.

Ramos argumentó que las declaraciones provienen de coimputados que buscan obtener beneficios procesales con sus testimonios, lo que pone en tela de juicio la solidez de la nueva acusación. A la par, cuestionó duramente el momento procesal en que estos antecedentes fueron incorporados, señalando que la defensa tomó conocimiento de ellos una vez que la investigación por fraude al Fisco ya estaba cerrada y después de que se presentara la acusación formal. Esta situación, a juicio del juristaa, generó una indefensión que les impidió desplegar diligencias oportunas para contrarrestar los dichos de los exasesores.

Este nuevo capítulo judicial sitúa al senador en una encrucijada política y legal de máxima tensión. En el corto plazo, Calisto deberá enfrentar la audiencia de desafuero solicitada por el Ministerio Público, un proceso que definirá si puede ser sometido a juicio penal. La decisión de los ministros de la Corte Suprema, que deberán evaluar los antecedentes, se torna ahora aún más compleja con la aparición de este nuevo delito. Simultáneamente, la sombra del exfiscal Carlos Palma vuelve a proyectarse sobre el caso, reavivando el debate sobre posibles redes de protección o complicidades en el sistema judicial, especialmente después de su formalización previa por filtración de información reservada vinculada al abogado Luis Hermosilla.

Por el momento, el Ministerio Público se ha mantenido cauto respecto a la calidad procesal que tendrán los involucrados en esta nueva arista por soborno. Lo que si ha quedado en evidencia es que la investigación contra Calisto ha entrado en una fase de expansión constante, donde cada nuevo testimonio y antecedente amplía el perímetro judicial en su contra.

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