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El hecho marcó un precedente internacional sobre la responsabilidad estatal ante la violencia sexual infantil y el embarazo forzado. La menor, víctima de abusos desde los nueve años y embarazada a los trece, no recibió la protección ni la atención médica que exige la ley peruana, y fue criminalizada tras un aborto espontáneo. A raíz de la intervención de la ONU, se debía garantizar una reparación integral y modificar su legislación para evitar que otras niñas enfrenten situaciones similares