Nieves Albarracín
Madrid, 1 ago (EFE).- El juicio del caso Kitchen ha quedado esta semana visto para sentencia con dos tesis contrapuestas sobre la mesa y de las que dependerá el sentido del fallo del tribunal con respecto a los ocho acusados que durante cuatro meses se han sentado en el banquillo.
Dos de ellos, los principales responsables de la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy: el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez.
La tesis de las defensas es que Kitchen fue una operación de inteligencia lícita para investigar los movimientos de dinero de Luis Bárcenas tras aflorar su millonaria fortuna en Suiza a finales de 2012, mientras que la Fiscalía y las acusaciones -la familia Bárcenas, PSOE y Podemos- sostienen que se trató de un operativo ilegal parapolicial de "control de daños", auspiciado por Interior para sustraerle documentación y grabaciones comprometedoras para el PP y sus dirigentes.
El exministro Jorge Fernández Díaz niega la mayor. Asegura que nunca supo de su existencia, que poco le importaba a él la información que pudiera tener Bárcenas porque nunca salió en sus famosos papeles, y acusa a su ex secretario de Estado Francisco Martínez de manipular los mensajes que supuestamente se intercambiaron y que detalarían su conocimiento de la operación y que su número dos entregó al juzgado para incriminarlo.
Pese a ello, Francisco Martínez desvincula a Interior de la operación Kitchen, de la que no obstante defiende su legalidad.
"El ministerio del Interior no tuvo que ordenarla. Si la idea era robarle documentación a Bárcenas se me ocurren muchas otras maneras sin necesidad de implicar a la Policía", planteó su abogado Pedro Colina, que sorprendentemente no hizo alusión alguna a los mensajes de su cliente con el exministro en su alegato final.
Otro de los acusados clave, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, al que llamaban "cocinero" o "coci" -de ahí la denominación de Kitchen- admite que fue captado como confidente para este operativo, que también considera legal. A cambio de su colaboración recibió 48.000 euros a cargo de los fondos reservados, extremo que también reconoce, a la vez que niega que otro de los pagos fuese su ingreso en la Policía.
La Fiscalía por contra no tiene dudas de que la finalidad de Kitchen fue "bastarda" y "delictiva": no perseguía el dinero del extesorero, sino "obtener documentación "comprometedora" para el PP y "boicotear" la investigación del caso Gürtel. Considera además que la excúpula de Interior, para cuyos integrantes pide 15 años de cárcel, tuvo "control" y "manejo" del operativo.
PSOE y Podemos argumentan también que se constituyó una operación parapolicial para sustraer documentación a Bárcenas por parte de una organización criminal que tenía a Fernández Díaz como "cúspide".
"Los acusados conformaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación Gürtel, no porque a ellos les afectara personalmente, pero sí podía afectar a la cúpula del PP de la cual a la postre iban a depender sus carreras, bien políticas, bien profesionales", expuso el abogado de Podemos Jaime Montero.
Al inicio del juicio, en la fase de cuestiones previas, la acusación del PSOE planteó, en vano, que se suspendiera la vista oral para poder introducir como acusada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y como partícipe a título lucrativo al partido.
Ella y su exmarido Ignacio López del Hierro consiguieron librarse de ir a juicio tras haber sido imputados por su relación con Villarejo, al que Cospedal llegó a recibir en su despacho en la sede del partido en la calle Génova.
Lo que no pudieron evitar fue su declaración como testigos ante el tribunal, al igual que otros dirigentes del PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en su calidad de máxima responsable del CNI, cuyo exdirector Félix Sanz Roldán también fue llamado a testificar.
Todos ellos dijeron que no supieron nada de Kitchen y negaron que el CNI estuviese involucrado. Rajoy sostuvo que ni el ministro del Interior, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno "están en las operaciones policiales", si bien añadió que estaba "absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad".
La sentencia, no obstante, no pondrá fin a la investigación del caso y a la posible implicación de otros responsables políticos, como es el caso de Cospedal.
El magistrado que instruye el caso Villarejo o Tándem, del que parte la pieza de Kitchen, la número 7, ha pedido a la Policía que identifique si en el material intervenido al excomisario hay "contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas por este con Cospedal" o con López del Hierro.
En esos audios, incorporados a la causa tras ser publicados en Rac1, Villarejo habla a Cospedal de un "tipo" que les ha dado información y al que quiere convertir en policía o dice, supuestamente en alusión a Bárcenas, que se le ha encontrado una documentación complicada y espera que "el ministro se la haya dado al presidente" mientras que la dirigente responde que hacía un mes se había limpiado todo lo que tenía porque se lo había dicho el presidente. EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023669148, 8023665198)
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